Las mejoras en la obra del Santuario ascenderán a 43.706 euros

La Junta de Gobierno celebrada este lunes ha dado el visto bueno al anexo que recoge las mejoras a ofertar por las empresas que aspiren a conseguir la adjudicación de las obras de rehabilitación del Santuario de las Virtudes.
Según anunciaba Cate Hernández, portavoz de la Junta, el importe de las mejoras asciende a 43.706 euros más IVA, y en ellas se incluyen necesidades como el retejado e impermeabilización de las cubiertas, la instalación de canalones y bajantes en el claustro, la reparación del pavimento de la planta baja del claustro y el pintado de los paramentos interiores del edificio.

La nueva Ley de Contratos exigir definir dichas mejoras de antemano, por lo que el ayuntamiento ha debido redactar un anexo al proyecto de ejecución que incluye las mismas, “lo que permite una mayor transparencia y control del seguimiento de dichas obras”, decía la edil, que ante las dudas por el hecho de que sea el ayuntamiento quien va a sufragar la actuación, recordaba que todo el complejo del Santuario “es de propiedad municipal, por lo que es el ayuntamiento el responsable de su mantenimiento”.

Al margen de esta aprobación, el ayuntamiento ha enviado hoy mismo el proyecto a la Generalitat, que es quien debe dar el visto bueno definitivo antes de que pueda ser adjudicada la actuación, por lo que la edil no se atrevía a poner una fecha al comienzo de las obras. Asimismo, y preguntada por la moción del PP sobre los últimos desprendimientos, confirmaba que será aprobada, aunque ya se han tomado medidas extra, como cerrar el acceso a la parte superior, por lo que desde ahora el coro actuará en la iglesia.

66.550 euros para la asesoría jurídica del ayuntamiento
Por otro lado, la Junta de Gobierno ha aprobado los pliegos para sacar de nuevo a concurso el servicio externo de asesoría jurídica del ayuntamiento, un contrato de un año por valor de 66.550 euros, IVA incluido, que podrá ser prorrogado otro año más y que, además de prestar servicios de representación y defensa judicial de los intereses del ayuntamiento, incluye tareas como la emisión de informes, atención a consultas y asistencia a la Mesa de Negociación municipal.