Los agricultores que pidieron la segregación de parcelas reconocen su ilegalidad, pero niegan que tuviera fines especulativos
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A través de su abogado, Julio Murcia, los hermanos Mateo y Francisco Ruiz Torró éste último tío político de la alcaldesa de Villena han querido aclarar las circunstancias que afectaron a la compra y posterior segregación de unos terrenos en la zona donde se pretende construir el Nodo Logístico, que fue denunciada por los concejales No Adscritos (CNA) por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación e información privilegiada.
El representante de los hermanos Ruiz Torró ha indicado que llevan 30 años dedicándose a la agricultura y desde 2004 han ido adquiriendo parcelas para agregarlas a las que ya tenían en la zona de la Casa Zúñiga y generar una finca más grande a fin de aumentar su producción de hortalizas, que comercializan a través de la Cooperativa Agrícola Villena.
Así, en marzo de 2007 compraron la parcela afectada por esta segregación, formalizándose mediante contrato en junio de ese año, pagando una señal de 10.000 euros, unos días antes de que entrase a gobernar Celia Lledó, sobrina de Francisco Ruiz. Por tanto, fue mucho antes de que se publicará el primer estudio de Plataforma Logística por parte de la Generalitat, en noviembre de 2007, dice Murcia. Y al respecto asegura que esta compra fue fruto de varios años de negociaciones, que concluyeron con la segregación de parcelas de tres propietarios diferentes ambos hermanos, otro agricultor y la empresa agrícola Los Frutales.
El abogado reconoce que la segregación de parcelas en la Huerta de Villena es ilegal, pues son tierras protegidas por un plan especial que ni siquiera permite cambiar el tipo de cultivo y mucho menos incrementar las dimensiones de las parcelas. No obstante, recuerda que corporaciones municipales anteriores también autorizaron segregaciones en esa zona, una de ellas por parte del gobierno tripartito en 2006 a favor de Francisco Navarro Maestre, ex-edil de Los Verdes. Pero hasta ahora nadie había denunciado estas operaciones, señalaba Julio Murcia.
Los hermanos Ruiz Torró aplauden la actuación valiente de la alcaldesa y el equipo de gobierno del PP, por autorizar esta segregación. Pero reclaman a la Corporación Municipal que se atreva a desarrollar dicho plan de protección, que data de 1992 y consideran obsoleto, para que se adapte a las necesidades actuales del sector agrícola, que no puede seguir regando a manta ni teniendo parcelas de 3 tahúllas.
Desmienten que esta operación tuviera fines especulativos, puesto que el terreno para el Nodo Logístico se adquirirá por expropiación (valor de suelo rústico). Asimismo hacen hincapié en que, aparte de los 170.000 euros que les costó la parcela de 250.000 m2, posteriormente invirtieron más de 150.000 euros en instalación de riego, desbroce, roturación Por eso se sienten perjudicados por la ubicación de esta plataforma, que les obligará a buscar otras tierras, y presentaron alegaciones contra el plan de reserva de suelo del proyecto.
Acusan a los CNA de llevar el caso a los juzgados ante la cercanía de las elecciones municipales, así como de presentar una documentación sesgada e incompleta, aún sabiendo todos los trámites de esta operación. Y apunta el letrado que están deseando que se les impute, para poder demostrar con su documentación que son inocentes. Por último advierte que si el juez rechaza las acusaciones por el presunto pelotazo urbanístico, entre la alcaldesa y sus representados, emprenderá acciones legales contra dichos ediles.