El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, muestra su verdadera cara al reabrir el debate suscitado hace más de treinta años defendiendo el mismo derecho para los embriones que para los seres humanos. Dice Ruiz Gallardón: "Todos los discapacitados tienen que tener exactamente los mismos derechos que el resto de los españoles; y esto, que lo digo para aquellas personas que han nacido, vale exactamente igual para aquellas que están a punto de nacer".
En la foto que se adjunta, personas trabajadoras que quieren cobrar por realizar su trabajo (muchas llevan meses sin cobrar), son también familiares de personas con diversas discapacidades, ancianas, dependientes, con enfermedad mental
que están viendo como se deterioran o dejan de prestar servicios. Unos servicios esenciales para hacer realidad la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Declaración que también reconoce nuestra Constitución en su artículo 15.
Pero por lo que parece al ministro Ruiz Gallardón y al partido Popular le preocupan mucho más los embriones que los seres humanos realmente existentes, de lo contrario no plantearía la modificación de una ley que no obliga a ninguna mujer a abortar.
Sin entrar en otras disquisiciones que excederían los límites de este escrito, la llamada Ley del aborto no impone un deber, sino que garantiza un derecho; derecho entendido como la posibilidad de elegir y no de defensa del aborto en sí mismo. Por ello admito su discrepancia con la misma, pero lo que no puedo aceptar es que intenten imponer al resto de la sociedad, es decir a todas las personas, sus creencias y mucho menos que traten de limitar el desarrollo de los derechos y libertades constitucionales.
