Los regantes del Vinalopó estudian exigir daños y perjuicios a Aguas del Júcar por el retraso de obras
Mientras los trámites administrativos de la nueva conducción Júcar-Vinalopó siguen su curso una vez sacadas las obras a licitación el pasado mes se espera adjudicar las mismas en marzo, comenzarlas a finales de año desde el azud de la Marquesa y tenerlas acabas 24 meses más tarde las relaciones entre la Junta Central de Usuarios del Vinalopó receptores de la transferencia hídrica y Aguas del Júcar la empresa estatal que construye la infraestructura siguen estancadas, a pesar de los contactos que se realizan para concretar el nuevo convenio que tiene que regular su relación, una vez que la sociedad pública dependiente del Ministerio de Medio Ambiente decidiera unilateralmente rescindir el contrato que les ligaba el último día de septiembre del pasado año.
Los usuarios consideran que dicha rescisión de contrato no es válida y que el único convenio que está en vigor es el firmado anteriormente por ambas partes, aunque su postura no signifique no vayan a colaborar desde la lealtad con el Gobierno central, como demuestra la presentación de alegaciones al proyecto de trasvase con toma en Cullera en vez de en Cortes de Pallás en los últimos días del recién finalizado 2005. Pero esta colaboración no significa seguidismo. De hecho, los regantes están ultimando sus cálculos para plantear en sus órganos decisorios una propuesta de exigencia por daños y perjuicios por el retraso de las obras contra Aguas del Júcar que la Junta de Gobierno se plantea presentar a la Asamblea General que se celebrará a finales de febrero.
Coste energético
En concreto, sus técnicos ya han previsto reclamar cuatro millones de euros al año sólo por el diferencial del coste energético que se tiene que soportar por la sobreexplotación de los acuíferos. Cada metro que desciende el nivel de los mismos repercute en dicho coste energético, que supondrá un importante volumen de dinero al retrasarse las obras. En este sentido, cabe señalar que el informe de Aguas del Júcar sobre ejecución de la conducción señalaba enero de 2007 como fecha de finalización del último tramo del trasvase desde Corte de Pallás, ejecutado ya en más del 50 por ciento. Tras acabar las obras en el citado mes del año que viene y hasta junio de 2007 se deberían realizar las pertinentes pruebas y comprobaciones antes de comenzar el suministro del líquido elemento desde la provincia de Valencia a la de Alicante.
Por ello, los regantes calculan que, como la nueva conducción no terminará sus obras hasta finales de 2008 más los seis meses de pruebas que también se deberán realizar siempre contando con los datos del Ministerio que dirige Cristina Narbona, mientras que los cálculos de los usuarios son de certificaciones de obras, se producirá un quebranto económico como mínimo de dos años, lo que supondría ocho millones de euros sólo en el citado concepto de diferencial del coste energético.
Partes proporcionales de obras
A estos daños y perjuicios totalmente cuantificados por los técnicos de la Junta Central, habría que añadir las partes proporcionales de diversas infraestructuras que quedarían inutilizadas, como serían las obras ya realizadas en el Alto Vinalopó por valor de 60 millones de euros por parte de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias o los trabajos post-trasvases de la Generalitat ya iniciados y cuyo montante final superará los 150 millones de euros.
Nuevo escenario en febrero
De presentarse por parte de la Junta de Gobierno de los usuarios la propuesta de exigencia de daños y perjuicios en la Asamblea General de los regantes el mes que viene y ésta fuera aprobada, se entraría en un nuevo escenario de confrontación entre los beneficiarios del trasvase y los responsables de construirlo de consecuencias incalculables, lo que deterioraría aún más la débil relación que une a ambas partes.
Autor: Javier Reigadas.
Fuente: Diario ABC
