Los regantes no pueden pagar los 240 millones del Júcar-Vinalopó
El trasvase Júcar-Vinalopó se halla en sus peores momentos y la crisis política nacional, sin un Gobierno legitimado para tomar decisiones, empeora el escenario. Los regantes alicantinos han mantenido sendas reuniones esta misma semana con la Conselleria de Agricultura del Ejecutivo Valenciano y con el Ministerio para trasladarles las dificultades económicas, técnicas y jurídicas de la transferencia de agua. Y más concretamente a estos últimos, ante la oferta de precios en el metro cúbico de agua, la imposibilidad de soportar en sus recibos los gastos de amortización de una obra que costó 360 millones de euros y por la que todavía hay que pagar, descontadas las subvenciones europeas de 120 millones, 240 millones de euros.
Actualmente los regantes alicantinos están pagando alrededor de 0,16 euros el metro cúbico de agua y la oferta del ministerio, sin que se haya materializado en un convenio el protocolo firmado en diciembre con el Ministerio, eleva el precio del agua a una horquilla de entre 0,20-0,28 euros, algo que según los representantes de los usuarios es inasumible. De ahí que llegados a este punto renuncien a pagar la obra, un dinero que durante todos los años de negociaciones asumieron que pagarían.
Lo usuarios apelan al enunciado del Plan de Cuenca en el que se refleja que un futuro problema medioambiental, como lo es la pérdida de los regadías si no se alcanza un acuerdo económico y los agricultores se ven obligados a abandonar sus cultivos, podría esgrimirse para evitar el pago de la obra.
En el trasfondo de la situación se halla el limbo jurídico en el que se encuentra la obra. Financiada con dinero público a cuenta del Estado, la infraestructura hídrica que ha resultado nada tiene que ver con al pactada inicialmente ya que toma agua de la desembocadura del Júcar (el azud de la Marquesa en Cullera en vez de en el embalse de cabecera de Cortes de Pallas). Estos cambios provocaron que los usuarios sólo reconozcan el convenio firmado en 2001, que les hacía beneficiarios de la llegada de agua (clientes) y no el que firmó en 2007, una vez hecho el cambio, Aguas del Júcar (hoy Acuamed) con la Confederación Hidrográfica del Júcar como intermediaria de los futuros usuarios.
En este contexto los usuarios y el Ministerio continúan buscando un acuerdo que tendría que llegar antes del 12 de junio o con una prórroga del actual por tres años para que cuadren los posibles gastos generados de que finalmente se conviertan en los clientes de la infraestructura.
Los regantes alicantinos son optimistas y siguen contando con la posibilidad de que las ciudades (sus abastecimientos urbanos) entre en el acuerdo para abaratar el precio del agua, pero las negociaciones están estancadas.
Autor: Héctor Fernández
Fuente: El Mundo
