Los usuarios denuncian en la UE que el trasvase del Júcar vulnera su legislación
La Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó presentará mañana ante la Dirección General de Política Regional de la UE un informe técnico y jurídico en el que vuelve a denunciar la supuesta inviabilidad del proyecto aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente y que supone, además, un cambio en la estrategia de los usuarios al asegurar que la tramitación de la modificación del trazado representa una vulneración total de la Directiva Marco del Agua o, lo que es lo mismo, atenta contra el derecho comunitario.
En síntesis, los futuros usuarios del agua del trasvase -Aguas del Júcar sólo ha conseguido la adhesión a su opción de los ayuntamientos de Elche, Aspe y Villena y de la comunidad de regantes Percamp de Monóvar-, denuncian que el nuevo proyecto incumple cinco preceptos básicos de la Directiva Marco del Agua. En primer lugar, no cumple las exigencias de la legislación comunitaria respecto a la recuperación de costes, pues es una alternativa rechazada por los teóricos beneficiarios y «por lo tanto no abonarán tarifa alguna»; con el cambio de trazado se vulnera lo que establece la directiva respecto a la sobreexplotación de los acuíferos debido a que el agua de Cullera no sirve para el abastecimiento urbano; se incumple la exigencia sobre la participación pública debido a que los usuarios, integrados según la ley en el Consejo de Agua de la cuenca, no sólo han sido obviados en la tramitación del nuevo proyecto sino que, además, se ha expulsado del consejo de administración de Aguas del Júcar (la empresa estatal que ejecuta las obras) a su representante, Andrés Martínez.
El trabajo revela también, según sus autores, que el Ministerio vulnera las prescripciones de la legislación europea sobre libre acceso a la información ambiental (la Junta Central ha visto caer en saco roto sus peticiones de datos sobre calidades del agua y otros aspectos del proyecto), así como el hecho de que no hay constancia de que el estudio de impacto ambiental del tramo Cullera-Villena se haya hecho comparándolo con el de la solución original, ni con otras posibilidades como la toma en Antella, ni la opción integrada (agua para beber desde Cortes y bombeo de caudales de La Marquesa al Azud de Sueca). La ausencia de consideración de estos aspectos puede suponer vulneración de la legislación comunitaria sobre evaluación de impacto ambiental, según el informe.
El presidente de la Junta, Andrés Martínez, viaja a Bruselas acompañado por el resto del equipo de gobierno, así como por los asesores técnicos y jurídicos que intentarán demostrar a la UE que sólo existen dos opciones sostenibles: volver al escenario inicial con la toma en Cortes de Pallás o captar el agua en el Azud de Antella. Un punto, este último, situado pocos kilómetros aguas arriba del polémico Azud de La Marquesa y que en palabras de Andrés Martínez «supondría firmar la paz con el Ministerio y la vuelta al sentido común y al trabajo conjunto».
El informe consta de dieciocho páginas de tronco central y once sub-informes o anexos en los que la Junta hace un repaso completo de todos los pasos que se han ido dando para ejecutar el Júcar-Vinalopó desde que 1998 quedara aprobado en el plan de cuenca del Júcar el envío de un volumen máximo de 80 hm3 con recursos básicamente procedentes de los ahorros generados por la modernización de los regadíos de la Ribera valenciana. El destino era la sustitución de caudales de los acuíferos sobreexplotados para abastecimiento y regadío.
Los costes de explotación
El trabajo de los técnicos de la Junta Central -21 ayuntamientos, 47 comunidades de regantes de la provincia y 19 sociedades y usuarios individuales- vuelve a incidir en los elevados costes de explotación del nuevo proyecto alcanzándose un precio de 0,41 euros el metro cúbico trasvasado. Esta inviabilidad económica se ve agravada por la expulsión de los abastecimientos urbanos porque impide la compensación interna de costes prevista en los estatutos de la Junta Central. Los argumentos de los usuarios chocan con las promesas del Ministerio de Medio Ambiente, que se ha comprometido a que el precio del agua no pase de los 0,20 euros metro cúbico e, incluso, está dispuesta a reducir a la mitad la aportación directa de los receptores del agua (75 millones) si al final la UE amplía la subvención hasta los 120 millones de euros. El 22 de diciembre de 2003 Bruselas anunció la concesión de una ayuda de 81 millones para el trazado Cortes-Villena.
Martínez, presidente de la Junta Central, señaló que «esperamos que con este informe la UE se convenza de nuestra razón y de alguna manera presione el Gobierno español para que no ejecute un proyecto que, recuerdo, no tiene usuarios».
Fuente: Diario INFORMACIÓN.
Autor: F. J. BENITO
