Los Verdes acusan a la edil de Agricultura de usar su cargo para beneficiarse del asfaltado de un camino que da acceso a sus terrenos
En el pleno del pasado jueves el Grupo Municipal Verde preguntó a la concejala de Agricultura, Virtudes Amorós, acerca de la construcción, mejora y adecuación del Camino Real de Granada en Villena, que el Ayuntamiento adjudicó en septiembre por un importe de 198.800 euros. La formación ecologista pedía explicaciones sobre esta actuación, ya que la edil y sus familiares poseen propiedades junto al camino, cuyo arreglo fue solicitado por la propia edil, según ellos.
Al parecer el proyecto, cuyos trabajos se han llevado a cabo en las últimas semanas, no fue aprobado por el Consejo Local Agrario, órgano que determina la prioridad para asfaltar caminos rurales, y Los Verdes querían saber el motivo. La edil del Partido Popular explicaba que el Consejo había propuesto varios caminos, pero se vio que la memoria valorada de estos no se ajustaban a las exigencias hechas por la Conselleria para subvencionar los trabajos, aunque sí lo hacía la del Camino Real. Sin embargo, no se había arreglado éste por decisión suya, sino porque el Consejo Agrario lo había aprobado en 1998, pero finalmente no se había ejecutado, aclaraba.
Amorós reconocía que entre los propietarios de terrenos que lindan con el camino a mejorar se encontraba ella misma y recordaba que tanto ella como su familia venían del mundo de la agricultura. Pero dejaba claro que no se podía dejar perder la subvención de casi 100.000 euros que iba a conceder la Generalitat y perjudicar al resto de vecinos por el hecho de que de ese camino también se pudiera beneficiar una concejala del Ayuntamiento.
Por otra parte, el Grupo Verde preguntaba por qué se adjudicó la redacción del proyecto a una empresa de Alicante, en lugar de a alguna de las 11 empresas locales dedicadas a la realización de este tipo de trabajos. La concejala afirmó que en agosto, cuando se debía redactar el proyecto, ninguna firma de Villena respondió a la propuesta. No obstante, indicaba que la empresa que lo hizo ya había trabajado anteriormente para el Ayuntamiento.
Asimismo preguntaban por qué se asfaltó en ese camino un tramo de propiedad privada sin autorización de su propietario, que supuestamente se había quejado directamente en el Ayuntamiento. Respondía Amorós que el asfaltado se había hecho bajo el criterio de la Conselleria para facilitar la unión y que esta persona había acudido para sugerir una modificación.
En último lugar Los Verdes querían saber qué criterios se usaron para convocar a las tres empresas interesadas en ejecutar las obras, teniendo en cuenta que dos de ellas utilizaron el mismo texto lo que les hacía suponer que hubo contacto entre ellas o pertenecen a empresas afines. La edil contestaba que los criterios estaban publicados en el BOP y cualquier empresa podía presentarse. A ella le sorprendió que el texto fuera igual y que la diferencia entre unos presupuestos y otros fuera de 200 euros, pero aseguró que se había adjudicado el proyecto de forma correcta.
