Los Verdes piden una reunión entre políticos, técnicos y ciudadanos para alcanzar un consenso sobre la peatonalización de Luciano López Ferrer
El Grupo Verde considera que el equipo de gobierno está echando un pulso a la oposición para ver quien puede más, al mantener cerrado al tráfico el último tramo de la calle Luciano López Ferrer pese a que su apertura se aprobó en el Pleno. Por ello solicitado una reunión urgente para hablar sobre la reordenación del tráfico en ese punto de la ciudad.
Creemos que es importante que el Partido Popular dé explicaciones de lo que está sucediendo y se ofrezcan respuestas a las dudas de la oposición y los vecinos que están pidiendo la apertura de la calle, señala la portavoz verde, Cate Hernández. Por eso han presentado a la Junta de Gobierno Local una propuesta para que la alcaldesa convoque una reunión a la que asista ella misma, un edil de cada grupo político y de los concejales No Adscritos, técnicos municipales de Tráfico y Urbanismo, el director de la obra del paseo, así como representantes de la Federación de Asociaciones de Vecinos y de la AVV. del Paseo Chapí.
No se trata de votar si se abre la calle o sigue cerrada, porque eso ya está votado, sino que pretendemos que se abra un diálogo, se rebaje el nivel de enfrentamiento y se intente acercar posturas, para tratar de buscar una solución, indicaba la concejala.
Plaza de Toros
En otro orden de cosas, Hernández ha informado de que el PP ha rechazado su sugerencia de paralizar el pago de certificaciones de obra a la adjudicataria de la rehabilitación de la plaza hasta que la Generalitat no abonase el dinero que el Ayuntamiento ha adelantado. El equipo de gobierno ha argumentado que se pagarán según las posibilidades y que no podía retener el pago a ningún proveedor, porque esto le acarrearía una reclamación de daños y perjuicios.
Según ella esto demuestra la doble vara de medir del PP, que en 2009 dejó sin pagar numerosas facturas a pequeñas empresas y subvenciones a diferentes asociaciones. Además se pregunta cuánto tiempo podrá soportar el Ayuntamiento el pago de estas certificaciones y advierte que ahora no será la empresa quien le reclame esta deuda, sino un banco.
La edil recordaba que el consistorio villenense ha pagado la primera certificación, por importe de 450.000 euros y ha pasado las siguientes que ascienden a 930.000 euros para que sean cobradas. Además la empresa ha presentado al Ayuntamiento la séptima certificación, de unos 230.000 euros. Mientras tanto, la Generalitat sigue sin pagar ninguna de estas facturas, concluía.
