Desde los albores del movimiento obrero, y más aún con su consolidación durante el siglo XIX y principios del XX, han existido los llamados piquetes. En aquellos momentos, los periódicos sólo llegaban a una minoría, la radio estaba en pañales y la televisión, directamente, no existía, y por ello, cuando los obreros convocaban una huelga, se valían para anunciarla y hacerla saber de grupos de militantes que avisaban de fábrica en fábrica de la celebración de la misma. Es decir, informaban, de ahí la coletilla de piquete informativo.
Lo que resulta harto curioso es que hoy, cuando cualquier ciudadano está informado hasta las cejas por tierra, mar y aire, y cuando hasta los monos de Primadomus o las vacas de la vaquería saben que hay convocada una huelga de transportistas, se siga utilizando de manera generalizada (sindicatos, políticos y medios de comunicación incluidos) el término piquete informativo, que no es más que una coartada para ocultar su verdadera naturaleza: un grupúsculo de fascistas ésa y no otra es su actitud, le pese a quien le pese cuya única misión es coaccionar y no respetar los derechos de aquellos trabajadores que, ante la convocatoria de una huelga, eligen libremente ejercer su derecho a trabajar. Es decir, que ante dos derechos de los trabajadores, el de trabajar o el de secundar la huelga, sólo el segundo es respetado, y el trabajador que se decide por el primero tiene todas las papeletas para que le pinchen las ruedas, cuando no hablamos de ser zarandeado por una turba enfurecida o directamente recibir dos hostias o una pedrada en la cabeza, de ahí que, en felicísimo descubrimiento, Alfonso Ussía se refiriera a estos piquetes como integrantes de la Sindikale Borroka.
Nada que objetar ante los transportistas que han decidido hacer huelga, en su derecho están y yo sería el primero en pelear para defender el sustento de mi familia, pero ejercer un derecho es una cosa, y paralizar un país causando pérdidas millonarias en infinidad de sectores económicos es otra bien distinta que no nos beneficia a nadie. Por ello, en estos primeros días de huelga (esta columna está escrita hace tres días) no cabe sino exigir mano dura por parte del Gobierno, que se debe mostrar fuerte y sin complejos utilizando los medios que sean necesarios para garantizar a los trabajadores que así lo deseen su derecho al trabajo, y con ello, que el resto de ciudadanos podamos acceder con la mayor normalidad posible al suministro de todo tipo de artículos de primera necesidad sin tener que asistir a escenas más propias de los tiempos de la escasez y el racionamiento y, por supuesto, sin tener que poner en peligro nuestra integridad física por hacer algo tan peligroso como llenar el depósito de gasolina.
Bajar los brazos, aceptar la dejación y abandonar a los ciudadanos que libremente quieren trabajar, es conceder a los violentos el primer premio del triunfo final. Si hay que sacar toda la Policía a la calle, para eso está. Si hay que hacer que el Ejército garantice la seguridad en las entradas fronterizas, los polígonos industriales o los grandes mayoristas alimentarios, para eso está. Si hay que presentar ante la Justicia a los delincuentes que confunden los derechos constitucionales con la agresión y la violencia, para eso está la Justicia. A la huelga los que quieran, y al trabajo los que así lo prefieran.
Todo es legítimo, menos que una nación se paralice de miedo por las actuaciones mafiosas de una minoría y por la dejadez de funciones de quien tiene encomendada, entre sus principales misiones, garantizar la seguridad de todos los ciudadanos españoles.
