No voy por ahí, no me sean malpensados. Nada más lejos de mi intención ponerme a hablar de oídas sobre los casos concretos que están en boca de todos esta semana, sobre si la compensación pedida a Tesalia Inmuebles por el edificio Carmelitas es desproporcionada o no, sobre si la planta solar de fulanito paga más que la planta solar de la familia Cotino. Cuando las cosas se ponen como se ponen y se habla de Fiscalías y querellas, servidor es partidario de comprar palomitas, ponerse cómodo y esperar acontecimientos, que Doctores tiene la Iglesia y uno ni es doctor ni quiere saber nada de los demagogos de los linces.
No quiero hablar de convenios concretos, les digo, pero sí quiero hablar de convenios en general, o al menos de cómo veo yo esa innovadora política implantada por el equipo de gobierno que consiste en pegarle el sablazo a todo empresario que quiera invertir y trabajar en nuestra ciudad, algo siempre digno de elogio y alabanza, y más si cabe en estos tiempos convulsos que nos ha tocado vivir.
Pienso, como cualquier persona sensata, que es lógico que, cuando una decisión administrativa beneficia a una empresa o un particular, la administración pública que ha propiciado ese beneficio consiga también beneficiarse. Por eso, cuando se recalifica un terreno agrícola para convertirlo en urbanizable, cuando se concede una Declaración de Interés Comunitario o cuando se gana en edificabilidad en la construcción de un inmueble, el ayuntamiento debe recibir una compensación. Es de cajón. Y por ello supongo que debe existir un baremo (en el caso de la edificabilidad en el casco urbano me consta que existe) que fije por ley el tanto por ciento a recibir como compensación, es decir, que si según la ley la compensación debe ser de un 10% y se le recalifican a un promotor un millón de metros para hacer una urbanización, el ayuntamiento deberá recibir 100.000 metros por algún lado o su equivalente en metálico, faltaría más.
Otra cosa bien distinta es que, más allá de lo marcado por la ley, la administración nuestro ayuntamiento en este caso quiera sacar más pasta. De hecho, en los presupuestos municipales para 2008, el ayuntamiento, aún antes de tener conocimiento de posibles inversores interesados por instalarse en nuestro término, dio por hecho que iba a percibir 1.375.000 euros de lo que ellos llamaron transferencias corrientes de empresas privadas, aunque lo mismo podrían haberlo llamado impuesto revolucionario o peaje indispensable si quieres que se agilice la tramitación. Una vez más, Doctores tiene la Iglesia para saber si esto es bueno, malo o regular, pero servidor, que es un iluso incombustible, haría las cosas justo al revés. Y me explico:
¿Cobraría Aure a las empresas más allá de las compensaciones establecidas por ley por instalarse en nuestro término, por invertir y crear empleo en Villena? No, no y rotundamente no. Es más, les regalaría las licencias. Y lo anunciaría a bombo y platillo en la prensa local, provincial y nacional. Y haría una página web traducida a tropecientos idiomas para anunciar hasta en la Conchinchina que en Villena se puede instalar quien quiera, porque le vamos a recibir con alfombra roja, precios de saldo y los brazos abiertos, y todo ello a cambio de nada excepto de firmar un contrato, negro sobre blanco, ante el Notario, el Rey o el Papa, donde se especifique muy claramente y sin medias tintas que el personal, los repuestos y todo lo necesario habrá de ser contratado o adquirido, sí o sí, en Villena.
¿Lo ven descabellado? Yo no. Pero claro, yo soy un iluso
