Nuestra democracia, en el punto de mira
Cuando un sistema democrático da señales de no serlo, la solución pasa por repararlo con más democracia, nunca eliminarlo
Al pertenecer a la familia humana, hemos nacido con enormes potencialidades intelectuales, emocionales y culturales -estas últimas, en su sentido más amplio- que, si las ponemos en práctica, nos definen como seres humanos.
La clave es que nadie vive de forma aislada ni aprende nada sino es en compañía de sus semejantes y así surge la problemática porque la convivencia grupal necesariamente precisa de establecer normas recogidas en distintos sistemas políticos surgidos a lo largo de la Historia que pueden reducir -sin duda, lo han hecho- las potencialidades individuales anteriormente mencionadas.
El único sistema que parece alcanzar cierto equilibrio entre el individuo y la sociedad es el sistema democrático que se fundamenta en una Constitución, considerada como el conjunto de normas supremas que recogen cómo debe ser la convivencia y definen las instituciones que la organizarán.
La novedad de cualquier Constitución democrática es que establece que toda sociedad se conforma con personas que poseen derechos sin los cuales no podrían desarrollarse; estos derechos son la plasmación práctica de las potencialidades individuales. Los derechos -considerados incuestionables e inviolables- deben ser respetados y protegidos por las instituciones políticas que aparecen en la Constitución.
Además, el sistema democrático proclama la Soberanía Nacional, que significa que la máxima Autoridad de un colectivo reside en quienes forman parte de él y se expresa mediante la participación ciudadana en elecciones periódicas, libres y transparentes. Finalmente, para evitar tiranías, el Poder se reparte en tres órganos: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, cada uno con funciones específicas.
Insisto: las instituciones democráticas tienen como única determinación la de elaborar leyes que protejan y garanticen que los derechos de la ciudadanía sean una realidad diaria y hacer que se cumplan. Por lo tanto, el conocimiento de las leyes constitucionales por quienes administran las citadas instituciones debe ser conditio sine qua non. Y esta condición se amplía a la ciudadanía porque todo el mundo está involucrado.
Hay que estar vigilantes en el día a día y trabajar porque nuestros derechos no se conculquen; cualquier grieta en el orden constitucional haría surgir la tiranía. Y llevamos largo tiempo observando tristemente vulneraciones constitucionales como sucede con el Artículo 15 que habla que todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes, que, a su vez, está vinculado con el Artículo 18 cuando afirma que se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
En relación a estos dos artículos, hay que remarcar que los insultos son anticonstitucionales, sean proferidos en el ámbito parlamentario o en cualquier escenario público. Por otro lado, tenemos casos que provocan el sufrimiento al no cumplirse el Artículo 20 que reconoce y protege el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción (…) así como a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión (…). El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.
Para cerrar, recordemos que la crisis de la vivienda en las grandes ciudades, con el corolario de desahucios y enormes dificultades para la población joven, choca dramáticamente con el Artículo 47 que proclama que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.
El sistema democrático es el menos nocivo en el que la vida de todo ser humano -basada en el disfrute de sus derechos- pueda ser digna porque en él puede desarrollar sus potencialidades. Por tal motivo, debemos conocer la Constitución española de 1978, estudiar Historia para valorar el coste humano que ha supuesto -y supone- tenerla en vigencia hoy en día, y denunciar cuando algún acto o norma gubernamental o administrativa viola algunos de los derechos, sean en primera persona o no.
Cuando un sistema democrático da señales de no serlo, la solución pasa por repararlo con más democracia; nunca eliminarlo. Si desapareciera, la tiranía de unos pocos dominaría y ésta siempre se fundamenta en la opresión, la represión, la ignorancia y el miedo negando así la dignidad humana.
Por: Fernando Ríos Soler
