Pues sí, andamos de vueltas con el dichoso asunto de la Ordenanza para regular la adecuación y uso de locales alquilados por grupos de gente joven, pequeñas asociaciones y escuadras o peñas festeras (así como aquellos que compartan ciertas características con los citados).
De momento circula casi a escondidas un borrador sobre la futura ordenanza, y les puedo asegurar que a primera vista cualquiera podría pensar que ha sido redactado por el partido falangista recientemente creado en nuestra ciudad. De hecho para la lectura de dicho borrador recomiendo situar un ejemplar de nuestra constitución justo al lado del documento: será un método efectivo para mitigar nuestra indignación dado que las exigencias y el control al que parecen querer someternos deja muy atrás el roce con nuestros derechos primordiales.
El borrador de partida al que sólo casualmente podemos tener acceso considera con su puesta en práctica el cierre de todos y cada uno de los espacios propios o arrendados cuyo uso suponga un punto de reunión. El borrador establece una serie de normas tan puntillosas que de ser aplicadas en el sector del comercio local por no hablar del nacional veríamos engrosar las arcas municipales (las nuestras) de forma desmedida. Así que no les digo nada si en lugar de empresas hablamos de espacios alquilados por jóvenes, asociaciones o peñas festeras, que sólo buscan un lugar de reunión: cómodo, limpio, barato.
En cualquier caso, lo expuesto hasta ahora es el menor de los problemas. Porque el problema siempre debe ser la limitación de nuestros derechos. Ese debe ser el problema, tanto cuando proviene del Gobierno Central, y tanto más cuando viene del Gobierno Regional. Así que no les digo, queridas personas, cuando la violación de nuestros derechos fundamentales se plantea desde el Gobierno Local. Cuando un Gobierno elegido con el voto de poco más de diez mil de nuestros vecinos y vecinas, es capaz de plantear una Ordenanza que atenta contra nuestros derechos Constitucionales. ¿Cómo? Exigiendo la obligación a la persona propietaria del local arrendado del acceso al personal técnico del ayuntamiento, o de la policía local. ¿O acaso no se declaró la patada Corcuera como anticonstitucional?
Aunque por otro lado, ya que se trata de una ordenanza municipal, también podríamos encontrarnos por nuestras calles con quienes la proponen y preguntarles de dónde creen ellos y ellas que han salido los grupos musicales, teatrales y demás Podríamos preguntarles a la cara (face to face) si alguno de los espacios donde ensayaban y ensayan estos grupos podría salir airoso de los requisitos que exige la ordenanza propuesta. Estas, con todo, son sólo mis consideraciones personales, espero las suyas, las de DRY, las de los grupos, peñas y asociaciones de Villena y, como no, las consideraciones del Consejo Local de Juventud, que antes que yo tuvo este sucio borrador en sus manos.
