Tras muchos meses sin tener noticias al respecto, la piscina cubierta vuelve a primera plana, al confirmarse que el ejercicio 2016 se ha saldado con unas pérdidas de 560.000 euros según la empresa, de las que el ayuntamiento asumirá según los cálculos de sus técnicos 342.000 euros, una liquidación que, no obstante, puede ser recurrida por la mercantil, como de hecho ha pasado en ejercicios anteriores.
De entrada, sorprende ver que el importe que acepta pagar el ayuntamiento es casi 40.000 euros superior al del año pasado, lo que pone de manifiesto que, lejos de enderezarse el rumbo de dichas instalaciones, como en años anteriores, en los que la cantidad para restablecer el llamado equilibrio económico de la concesión ha ido a la baja, las pérdidas vuelven a aumentar y en consecuencia, también la aportación que debemos hacer los ciudadanos para asumir las pérdidas de una empresa que, si algún día gana dinero con la piscina, no compartirá esos beneficios con nadie.
Seguimos, por supuesto, pagando los errores de la nefasta adjudicación que en su día llevó a cabo el Partido Popular, pero ello no nos debe permitir ignorar que han pasado ya seis años desde la puesta en marcha de este servicio, un periodo que debería haber servido para optimizar su funcionamiento, minimizar sus costes y aumentar sus ingresos vía nuevos usuarios.
Así las cosas, es lógico que surjan dudas sobre si la política que está siguiendo al respecto el equipo de gobierno es la más adecuada, unas dudas que se ven acrecentadas a la vista de algunas denuncias formuladas por la oposición sobre la composición de la plantilla del centro deportivo, sus horarios y ofertas, por no hablar de la opinión contraria al pago de la deuda por parte del Interventor municipal.
