Es posible que esta semana mi opinión al respecto de la cuestión que se aborda no sea del todo objetiva, pues refiere a mi ámbito laboral, pero les puedo asegurar que es una opinión compartida y debatida en nuestros cafés previos a retomar el trabajo vespertino, y fuente inagotable de enfado compartido, por incredulidad, cada vez que los defensores de los derechos de autor pretenden hacer de la red el crematorio infernal donde acaban sus intereses y se calcinan sus creaciones y en el que chamuscar rabias e impotencias devenidas por fracasos comerciales que no siempre anda en sintonía a las descargas ilegales, ilegalidad pagada al guardar que deja de ser acción oculta o de tapadillo.
La ley nos obliga a todos nosotros a pagar un gravamen por copiar, el llamado canon digital, impuesto que sube el precio de aquellos soportes susceptibles de ser almacén de datos, fotos, videos o música, lo que se resumen en que cuando vamos a comprar un CD, un Dvd, un disco duro para almacenamiento externo o interno, una impresora, un multifunción, un ordenador portátil, una grabadora de Dvd o un pen drive, tenemos que pagar porque vamos a introducir datos en ellos, o generar copias, unas cantidades que van desde los 3.4 euros a los 12 euros, no diferenciando entre los venidos del uso estrictamente profesional que del ocioso, y obligándonos a pagar por guardar o salvaguardar los números y letras de nuestras empresas en un soporte que a su vez es impulsado y recomendado por los organismos oficiales que ven con excelente criterio como las nuevas tecnologías que utilizan estos medios ahorran papel para colaborar con el medio ambiente, disminuyen a la mínima expresión los archivos documentales en cuanto a espacio físico garantizando su mejor ordenación y rentabilizan los puestos de trabajo al facilitar la búsqueda, por lo que nos encontramos en la contradicción de que pagamos para poder guardar pero al tiempo somos delincuentes por hacerlo.
En esta locura que resulta incomprensible e injusta, porque si se pretende defender los derechos de los autores no deberíamos pagar para poder almacenar en soporte digital nuestros datos privados, sean de empresa o personales, pues podemos pensar que al pagar ya por el soporte y la copia hemos cumplido con la legalidad y ese pago me faculta a grabar en ellos lo que quiera. Pues no es así, y de ello me surge una pregunta, ¿quién cobra por los 12 euros que me cuesta de más el disco duro donde guardo la copia de seguridad con mis datos empresariales? ¿Acaso Ramoncín, como autor de mi balada contable o del rock por mis facturas?
Pregunta que suena tan ridícula como ridículo es pretender frenar a millones de personas interconectadas en un mapa virtual sin fronteras, con infinitas posibilidades, que se ha convertido en un mercado del trueque de acceso ilimitado que acoge a gentes de todas razas, colores, sexos, estratos sociales, posibles económicos, movidos por una generosidad que no se ha conocido todavía en el mundo de lo palpable. La red hay que entenderla para poder legislar las acciones que dentro de ella puedan ser delictivas, y de eso, de la comprensión necesaria sobre la filosofía de este nuevo foro de interrelaciones, la ministra González Sinde anda bastante escasa. Tan limitada que en lugar de buscar su potencial pretende vetar un medio que ha declarado públicamente no utilizar ni necesitar, otro disparate más que sumar a la pretensión de saltarse a uno de los pilares fundamentales, el judicial, para castigar a los usuarios de internet, cuando lo aberrante es pagar ente 40 y 70 euros mensuales por acceder a este espacio que puede llenar de cultura y conocimiento todos los hogares.
