La Asamblea Verde de Villena quiere mostrar su apoyo a la manifestación convocada por las Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia de la Comunidad Valenciana que se va a celebrar el sábado 16 de mayo en Valencia.
Hacemos un llamamiento para que la ciudadanía se movilice y acuda a la manifestación para exigir que se den las prestaciones de la Ley de Dependencia, pues ya han pasado 2 años y 5 meses de la aprobación de la ley y la administración autonómica sigue sin cumplir su parte en este sentido. No sólo es una necesidad de miles de dependientes que ven como el Gobierno Valenciano del PP no cumple sus obligaciones, sino un derecho para todas las personas, pues cualquiera puede encontrase en situación de dependencia en un momento u otro de la vida. La Asamblea Verde critica que la Generalitat ha boicoteado desde el principio la aplicación de la citada Ley y ha usado a los dependientes como arma arrojadiza contra el gobierno central hasta el extremo de que hay más de 6.000 fallecidos en la Comunidad que perecieron sin ver reconocidos sus derechos.
Denunciamos que la Generalitat ha instaurado un proceso administrativo lento y complejo que restringe el desarrollo de la autonomía personal de los dependientes y posibilita, además, la privatización de los servicios. Entre la solicitud y la resolución del expediente transcurren, en el mejor de los casos, una media de 15 meses. La Comunidad Valenciana es la penúltima de las autonomías en la concesión de ayudas, ya que sólo se han otorgado 29 por cada 10.000 habitantes. La correcta aplicación de la Ley de la Dependencia en la Comunidad Valenciana daría trabajo a cerca de 30.000 personas y fomentaría la apertura de nuevas líneas laborales en otros sectores industriales, como el tecnológico, la construcción o la alimentación.
La Asamblea Verde de Villena se posiciona junto a entidades sociales, vecinales, sindicales y de discapacidad uniéndose a la manifestación de protesta para denunciar que ya hay demasiadas demoras, listas de espera e irregularidades. Pedimos al Consell que retire la norma del silencio administrativo negativo y garantice, por ley, que todo el procedimiento se simplificará y agilizará, garantizando la respuesta en menos de seis meses. Y al Gobierno Central que mejore la coordinación de los servicios y la definición clara de unos servicios sociales públicos de calidad.
