La crisis no afecta a los sindicatos gracias al dinero que les dan los contribuyentes a través del Ministerio de Trabajo. CCOO y UGT recibieron casi 15 millones de euros en 2008. Con esta partida de fondos públicos es difícil que los sindicatos se enfrenten al Gobierno. El paro en España casi dobla la tasa de desempleo en la UE.
La crisis española está expulsando del mercado laboral a 6.000 personas diarias, las afiliaciones a la Seguridad Social se hunden desde hace meses y ya existen cuatro millones de parados. En este contexto lo normal sería que los sindicatos estuvieran en pie de guerra y se enfrentaran al Gobierno, reclamándole que adopte medidas y reformas de calado para evitar esta sangría laboral. Pero en España, y con un gobierno del PSOE, los sindicatos prefieren mantener la paz social y no dar armas a la oposición, tal como ha dejado entrever en varias ocasiones el nuevo secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo. Según el sindicalista una huelga general no sería oportuna.
Todo se comprende cuando se analiza la financiación sindical. Según una resolución del Ministerio de Trabajo, CCOO y UGT recibieron 14,7 millones de euros de dinero de todos los contribuyentes en 2008. Una cantidad que, según el departamento que dirige Celestino Corbacho, corresponde a la representatividad de estos sindicatos en el tejido productivo nacional y las subvenciones por su función consultiva.
Así, CCOO recibió 6,44 millones para la realización de actividades sindicales y otros 1,02 millones por la citada actividad consultiva. Por su parte, el Gobierno le dio a UGT 6,09 millones de euros de dinero de los contribuyentes para su funcionamiento y otros 1,19 millones extra por la función de consulta. Por lo tanto, CCOO recibió 7,46 millones y UGT 7,28 millones.
Aunque estos dos sindicatos son los que más fondos han recibido, no son los únicos que financian los ciudadanos con su trabajo diario. Entre los que más ayudas lograron destacan el sindicato vasco ELA, que percibió 513.000 euros, Unión Sindical Obrera (USO) 499.000, el sindicato de funcionarios CSI-CSIF 376.000, el gallego CIG 299.000, el vasco LAB 230.000 y CGT 213.000 euros. La lista es interminable.
El despilfarro de dinero público no se queda sólo en la actividad sindical. La Confederación de Organizaciones Empresariales Españolas (CEOE), es decir, la patronal, recibió una subvención de 2,15 millones de euros por su función consultiva con el Ministerio de Trabajo. Con estas inyecciones de dinero público es difícil que los sindicatos planten cara al Ejecutivo, a pesar de que les sobran los motivos para ello. De hecho, los sindicatos se enfrentaron al Gobierno de José María Aznar en 2002 por el decreto-ley que reformaba el mercado laboral. Entonces, hicieron la única huelga general de 24 horas que ha vivido España en el siglo XXI y le costó el puesto al entonces ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio. Ahora, a pesar de que España lidera el paro del mundo desarrollado (OCDE), los sindicatos callan.
