PP y PSOE cuestionan la segregación de la parcela propuesta por el alcalde para que Grupo Generala construya el ecoparque

La reacción de la oposición tras conocer que el equipo de gobierno estudia dividir la parcela del polígono El Rubial en la que Grupo Generala, empresa concesionaria del servicio de limpieza, está obligada a construir una nave y un ecoparque, no se ha hecho esperar. Por distintos motivos, tanto PP como PSOE critican la decisión de Los Verdes.
Los populares recordaban que la nave y el ecoparque son una obligación de la empresa contemplada en el propio pliego de condiciones. Para ello, el ayuntamiento debía ceder una parcela, en la que la empresa llevaría a cabo la construcción, revertiendo todo el ayuntamiento una vez finalizada la concesión. No obstante, y aunque la instalación ya debía estar construida, el proyecto ni siquiera ha comenzado, por lo que los populares denuncian el “trato de favor” que el ayuntamiento está teniendo con la empresa, lo que les lleva a preguntar “qué intereses ocultos hay tras este proyecto y con esta concesión, con la que siempre se ha sido muy permisivos”. En este sentido, los populares recordaban además que “se le impuso una sanción de 70.000 euros por sus incumplimientos, aunque los técnicos municipales recomendaban 240.000, e incluso poner fin a la concesión”.

En cuanto a la segregación de la parcela, Ana Mas explicaba que no es un proceso tan sencillo como explicaba el alcalde. Recordando que la parcela ya está cedida por el Pleno, “primero se debe revocar esa cesión, y después sacar a pública subasta la parte que no vaya a ser usada por Grupo Generala, porque el ayuntamiento no puede vender así como así patrimonio público por mucho interés que haya de una empresa”.

Isabel Micó: “No se puede revocar el acuerdo de Pleno”
Precisamente sobre la revocación de la cesión mostraban sus dudas los socialistas, señalando Isabel Micó que “Esquembre explique cómo piensa ignorar un acuerdo de Pleno para revertir la situación cuando los técnicos dicen que para poder hacer algo así se debe demostrar que dicho acuerdo resulta lesivo para el ayuntamiento, aunque lo cierto es que no es lesivo, sino que el acuerdo consiste en dar cumplimiento a un acuerdo firmado entre el ayuntamiento y la empresa concesionaria, por lo que el proceso no sería tan sencillo como volver a votar en el pleno, sino que acabaría yendo a un contencioso administrativo y retrasándose mucho más la construcción de unas instalaciones valoradas en 1.300.000 euros y que son propiedad del pueblo de Villena”, concluía.

Múltiples incumplimientos
Sin dejar de hablar de esta cuestión, desde el PP se recordaban los “muchos incumplimientos que siguen pesando sobre este contrato”, como que “no se cumple el plan de limpieza de contenedores, faltan islas de contenedores soterrados por instalar, no se han renovado o colocado 300 papeleras en el casco urbano, Las Virtudes y La Encina, faltan camiones bicompartimentados para la recogida de basuras, falta de parte de la maquinaria comprometida (sopladoras, máquina quitachicles...), campañas de información / concienciación, oficina de atención al ciudadano…”.