Reabierto el caso contra Celia Lledó y Tarsicio Hernández por presunta prevaricación urbanística
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Villena ha ordenado reabrir el caso contra Celia Lledó y Tarsicio Hernández por un presunto delito contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística, denunciado por los entonces concejales del PP Juan Carlos Pedrosa, Adela Serra, Mª Paz Poveda, Juan Richart y Virtudes Amorós.
Según constaba en el escrito remitido a la Fiscalía de Alicante por los ahora miembros de VCD, el dueño de la finca solicitó una licencia de obra menor para construir una pequeña balsa de riego en una casa rural de su propiedad, situada en el paraje de San Juan, que terminó convirtiéndose en una piscina. Finalmente el Ayuntamiento le denegó la autorización, ya que el emplazamiento de la actuación se encontraba dentro de una zona de humedales, por lo que los informes técnicos resultaron desfavorables atendiendo a la normativa de protección de la huerta de Villena. Sin embargo, el expediente nunca se tramitó porque parte del mismo "desapareció misteriosamente".
Con fecha 12 de marzo de 2013, el juzgado decretó el sobreseimiento provisional de la denuncia de los ex concejales del PP en contra de Tarsicio Hernández y Celia Lledó, pero la Fiscalía interpuso un recurso de apelación contra dicho auto, alegando que los hechos denunciados en su momento revisten los caracteres de delito contra la ordenación del territorio y delito de prevaricación urbanística, y solicitando la práctica de la diligencia de declaración de los denunciantes, declaración de los imputados y antecedentes penales de los mismos, y demás diligencias complementarias.
Ahora, y notificado con fecha 25 de febrero de 2014, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Villena ha estimado el recurso de la Fiscalía al apreciar indiciariamente la existencia de hechos que pudieran ser constitutivos de infracción penal. Por ello, deja sin efecto el auto de 12 de marzo de 2013 y acuerda la reapertura de las presentes actuaciones y la práctica de las diligencias interesadas por el Ministerio Público, permitiendo recurso de apelación en el plazo de 5 días, como de hecho así ha sucedido.
Auto recurrido
Estimando que esta resolución no es ajustada a derecho, el abogado de Celia Lledó, Manuel Yeste, ha interpuesto un Recurso de Apelación contra el citado Auto en la Audiencia Provincial, por lo que será dicho órgano el que decidirá si procede la reapertura de la causa un año después de haber sido decretado su sobreseimiento. Mientras tanto, y en espera de ser resuelto, este nuevo recurso vuelve a paralizar la tramitación del caso.
