Realidades y expectativas sobre la piscina cubierta

En mi anterior artículo tan sólo pretendía dejar claro un aspecto: que la piscina cubierta es un servicio público como muchos otros que presta el Ayuntamiento, con gestión privada, también como otros muchos. Y los servicios públicos no son deficitarios; no tienen beneficios ni pérdidas económicas; sino que tienen un coste, que es asumido entre todos los ciudadanos, que lo soportan los usuarios o una mezcla de ambas posibilidades, a través de los impuestos o las tasas de uso; y que reportan unos beneficios a la sociedad, en este caso en forma de salud, ocio y bienestar.
La decisión de qué servicios públicos prestar y cómo hacerlo corresponde a nuestros representantes públicos, que en base a sus convicciones, puntos de vista y prioridades toman sus decisiones políticas. En base a una de ellas se presta el servicio público de piscina cubierta en Villena, mediante una concesión a la UTE de la que forma parte mi empresa.

La premisa fundamental sobre la que se diseñó esta concesión era que su coste fuera íntegramente asumido por los usuarios del servicio, para lo cual la UTE concesionaria presentó un Plan de Viabilidad que, una vez estudiado por los correspondientes departamentos municipales, fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Villena en enero de 2012. Este Plan de Viabilidad recoge la previsión de la evolución de ingresos y gastos de la concesión durante los cuarenta años de vigencia de la misma, de tal manera que los unos se ajustasen a los otros sin aportaciones externas a lo largo de todo el periodo de concesión.

Los ingresos de la concesión vienen de las tarifas de los usuarios del servicio mediante la explotación de la infraestructura construida y financiada por el concesionario, con una ayuda pública que cubría alrededor del 10% del coste. Los gastos son los propios de la explotación del servicio público (personal, suministros energéticos y mantenimiento, básicamente) y la amortización de las instalaciones.

Nos encontramos al final del tercer año de vigencia de la Concesión y ya tenemos algunos datos sobre su funcionamiento, que nos indican que algunas de las previsiones del Plan de Viabilidad se están desviando.

Antes de analizar estos datos, es importante tener en cuenta que la concesión tiene una duración de cuarenta años, a lo largo de los cuales atravesará múltiples entornos económicos generales a todo el país y particulares de Villena y su ámbito de influencia, unos más positivos, y otros especialmente negativos como los actuales. Y es con este horizonte temporal con el que hay que analizar económicamente la concesión, sin centrarnos exclusivamente en el presente, ya que lo que se persigue es el equilibrio global de la concesión en esos cuarenta años, no ejercicio a ejercicio.

En cuanto a los datos, la mayor desviación respecto a las previsiones viene del lado de los ingresos, inferiores a los previstos, muy influenciados por dos aspectos: el retraso por causas ajenas a la Concesión del inicio de la explotación y la estructura de las tarifas.

Cabe recordar que la instalación finalizó su construcción el pasado 5 de septiembre de 2011, pero no se pudo iniciar su explotación hasta el 1 de marzo de 2012. Esto ha ocasionado la pérdida ingresos, perjuicio agravado además al producirse la no apertura en los mejores meses en cuanto a demanda, por lo cual este año será especialmente malo en este aspecto.

Por otra parte, las tarifas se diseñaron con la idea de beneficiar a determinados colectivos (jóvenes, familias, discapacitados y mayores, y en alguna medida también a parados y amas de casa), con la aplicación de descuentos sobre la tarifa media de entre el 20 y el 65%. Como la premisa era la autosuficiencia de ingresos con las aportaciones de los usuarios, esta subvención a los colectivos que se consideraba que la necesitaban la hacían los usuarios “normales”, con un recargo del 15% sobre la tarifa media. Este esquema se ha demostrado, en las actuales circunstancias económicas, insostenible, pues las más de quinientas plazas destinadas a los colectivos bonificados están ocupadas prácticamente al 100%, mientras que las plazas gravadas están en niveles de ocupación muy bajos.

Respecto al primer aspecto de escasez de ingresos, el próximo ejercicio económico será completo, con lo cual esta anomalía se corregirá sin más.

En lo que afecta a la estructura de las tarifas, éstas, así como la fijación de horarios de apertura y las actividades a desarrollar en las instalaciones, son competencia exclusiva del responsable del servicio público: el Ayuntamiento de Villena. El concesionario en estos aspectos puede proponer la introducción de ajustes o cambios, como así ha hecho, pero sólo los puede aplicar con el visto bueno del órgano contratante, el Ayuntamiento en Pleno. Lógicamente, estos cambios se deben adecuar a lo establecido en el marco contractual, que debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse a los cambios que, sin duda, deberá afrontar la concesión a lo largo de sus cuarenta años de vida.

Considero que es importante adaptar la estructura de las tarifas a la realidad económica actual, agravada notablemente en este sector por el incremento del tipo de IVA a aplicar del 8 al 21%, de manera que el usuario “normal” no se vea gravado con un sobrecoste, que coloca las tarifas fuera de sus posibilidades y de las del mercado. La decisión de seguir beneficiando o no a los colectivos que ahora lo son y de qué manera hacerlo, vuelve a ser una decisión política que se deberá tomar por quien detente tal responsabilidad.

Con un año completo en cuanto a ingresos, con un reajuste de las tarifas, con una remodelación de horarios, con la ampliación de actividades a desarrollar para aprovechar toda la potencialidad de las instalaciones y con una mejora del entorno económico, no es imposible acercarnos a los objetivos marcados en el plan de viabilidad y cumplir con la premisa de la autosuficiencia del servicio.

Por último, quiero indicar que, aunque obviamente soy parte interesada, las opiniones aquí expresadas lo son a título particular.

Rafael Merín Peláez
Economista
Gerente de Ingeniería del Agua y la Energía, S.L.