Reclaman que ser Guardia Civil sea considerado “profesión de riesgo”
Varias sentencias, entre ellas una por una agresión a agentes de Villena, ponen de manifiesto la necesidad de endurecer las penas y reforzar el principio de autoridad
Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles en Alicante debemos insistir una vez más en hacer un llamamiento a los responsables políticos para que realicen las modificaciones pertinentes en el Código Penal que incluyan un endurecimiento de las penas frente las agresiones sufridas por los agentes en sus intervenciones, donde continuamente se menoscaba su autoridad e integridad física y debiendo ser reforzado si se quiere restablecer el "principio de autoridad".
Asimismo exigimos que los miembros de la Guardia Civil y Policía Nacional sean considerados de una vez por todas como "profesión de riesgo" y se acabe con esa discriminación que sufren respecto otros Cuerpos policiales que ya lo son, algo que desde AUGC entendemos incomprensible cuando Policías del Estado, Autonómicas o Locales realizan idénticas funciones, y unos ya están catalogados dentro de las profesiones del grupo de riesgo y otros no.
En los últimos días hemos conocido varias sentencias condenatorias para distintos acusados que, durante el transcurso de su detención por diferentes hechos, provocaron lesiones de distinta consideración para algunos de los agentes intervinientes, mostrando así una total falta de consideración y menoscabo del principio de la autoridad y que a pesar de ser condenados a indemnizar a los agentes por las lesiones sufridas, pone de manifiesto lo liviano de los castigos impuestos y que en nada ayudan a restablecer el "principio de autoridad" en las calles.
Uno de estos hechos hace referencia a la reciente sentencia de la Magistrada Juez del Juzgado de lo Penal número once de Alicante, en la que ha quedado probado que siendo sobre las 20:30 horas del día 31 de diciembre de 2024, en una vía pública Villena, una mujer, tras mantener una discusión con otra mujer fue retenida por dos agentes de la Policía Local de dicha localidad y una vez personada una patrulla de la Guardia Civil, dicha persona mostró en todo momento una actitud agresiva hacia los agentes allí presentes, gritándoles y realizando gestos obscenos y despectivos hacia ellos, que en todo momento intentaron calmarla.
En un momento dado, con ánimo de menoscabar su autoridad, lanzó su bolso que impactó en la cara de uno de los agentes, aumentando la agresividad de la misma propinando golpes, patadas, puñetazos y escupiendo a los agentes, por lo que finalizó siendo reducida, detenida y trasladada a dependencias policiales. Una vez allí y cuando iba a ser ingresada en los calabozos, acometió contra otro agente propinándole patadas.
Como consecuencia de la actuación tres guardias civiles resultaron con lesiones de diversa consideración así como tratamiento y perjuicio personal básico de varios días.
Por estos hechos la Magistrada Juez, ha impuesto a la acusada en esta ocasión, una condena con el agravante de reincidencia y atenuante de drogadicción de seis meses de prisión por un delito de atentado, y a una multa de un mes con la cuota de tres euros diarios por cada uno de los tres delitos de lesiones leves, así como al pago de las costas procesales y a indemnizar a cada uno de los agentes en la cantidad de 350 euros por las lesiones sufridas.
Desde la AUGC denunciamos el aumento paulatino de este tipo de agresiones a los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado en el cumplimiento de sus funciones, y por ello nos vemos obligados a volver a solicitar al Ministro de Interior y al resto de los responsables políticos que los guardias civiles deben ser considerados, al igual que las policías autonómicas, como "profesionales de riesgo" y que deben realizar las modificaciones pertinentes en el Código Penal para que en este tipo de delitos se produzca un endurecimiento de las penas reforzando así el "principio de autoridad", ya que las condenas parecen bastante livianas, máxime cuando a pesar de imponerse condenas de prisión, suelen quedar en suspenso con el condicionamiento de no delinquir en un periodo de dos años, circunstancia que se incumple continuamente por algunos condenados, así como volvemos a insistir en solicitar a las autoridades judiciales que sigan aplicando el máximo rigor penal y sancionador posible en este tipo de hechos.
