Santamaría afirma que el fallo del juez no afecta al servicio de agua potable
El concejal de Desarrollo Económico se ha unido al alud de declaraciones en torno a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que anula la concesión de los servicios de agua y alcantarillado a Viarsa. Al contrario de lo que el edil de Iniciativa Independiente, Antonio García Agredas, Santamaría confía en la inocencia de la mesa de contratación que realizó la adjudicación y quita hierro al asunto.
El edil socialista declaró ayer que no era verdad lo que iba diciendo Agredas, pues no se dice que Viarsa no sea el concesionario. Para explicarse recordó que en la adjudicación hubo 4 licitadores y la mesa de contratación decidió puntuar como la mejor la propuesta de la UTE Viarsa, Saico y Aguas de Valencia. Otra de las empresas presentadas, Aqualia apeló contra esta decisión, pidiendo que se quitase a Viarsa y se le pusiera a ella como adjudicataria. Según Santamaría el Tribunal no lo consiente en su fallo, sino que dice que se debe considerar nulo el acto de concesión de agosto de 2004. Rápidamente el Ayuntamiento ha recurrido esta sentencia y ahora tiene que esperar que el Tribunal decida. No obstante, si tras la presentación del recurso el juez considera que ha habido defecto de forma en la adjudicación, tendrá que decidir si declara nulo el acuerdo plenario en el que se dio la concesión a dicha UTE. El concejal quiso quitarle importancia al tema, señalando que el Ayuntamiento tiene interpuestos varios recursos contencioso-administrativos por varias adjudicaciones, por tanto, no es algo fuera de lo normal.
Respecto a las declaraciones de satisfacción realizadas por Agredas porque el juez ha dado la razón a la mercantil que interpuso la demanda, declaró que parecía un niño pequeño, pensando que había descubierto América pero las cosas no son como él las cuenta. Y es que el gabinete jurídico del Consistorio, que ha presentado el recurso, considera que no habrá que repetir la adjudicación. Aún así, si el Tribunal lo ratificara, habría que hacerlo y volver a llevarlo al pleno para su aprobación. Para ello habría que convocar la mesa de contratación y evaluar con los mismos criterios y la misma valoración inicial de los técnicos, puntuar y decidir pero esto se haría en sólo 2 día y no pasa nada. Una vez cumplido este trámite, se terminaría el problema, decía Santamaría, que no consideraba anormal el proceso y reafirmaba que el baremo utilizado en la evaluación estuvo bien.
Lo que hubiese preocupado al edil hubiera sido que el Ayuntamiento tuviera que pagar algo por este proceso judicial pero la sentencia dice que no debe pagar costas, o que se sufriera una merma en el servicio. En este sentido, sobre la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado, insistió en que esta sentencia no influye de ningún modo en ellos. Finalmente, preguntado sobre si el Consistorio tendría que pagar una indemnización a la actual empresa concesionaria si se tuviera que repetir el proceso y resultase adjudicataria otra mercantil, Santamaría respondió que el Ayuntamiento no tendría que indemnizarle, aunque dijo que no lo podía asegurar él, sino los juristas.
