Durante los últimos días hemos visto cómo el señor Camps, nervioso ante la más que probable pérdida de las próximas elecciones de mayo, se escuda en formalismos para no hacer pública la documentación administrativa por la que con dinero de todos los ciudadanos y ciudadanas de la Comunitat Valenciana está financiando la guerra del agua.
El objetivo del Partido Popular se concreta en impedir a toda costa que las actuaciones del programa Agua sean una realidad, torpedeando al máximo su ejecución. Su estrategia de que cuanto peor le vaya a la Comunitat Valenciana en materia de agua, mejor le podrá ir electoralmente al PP, se ha concretado recientemente en dos acciones: la impugnación judicial del Júcar-Vinalopó y la denuncia ante Bruselas de la desaladora de Torrevieja, además de la orden de paralización de las obras.
Poco le importa al señor Camps que ambas actuaciones hayan sido evaluadas por la Unión Europea y cuenten con decisión firme de cofinanciación por un importe superior a los 200 millones de euros. Si se pierden los dineros europeos, para el PP, mejor. Poco le importa al señor Camps que estas dos actuaciones por sí solas consigan un aporte de recursos hídricos igual a la mitad de lo que allá por el 2017 iba a traer el Ebro. Que se pierden 160 hm3/año de nuevos aportes de agua para la provincia de Alicante, pues mejor para el PP.
El cinismo del PP llega a extremos insospechados cuando se jactan de no ejecutar sus propios compromisos escritos y firmados. «Que se entere todo el mundo que no pensamos hacer las obras del postrasvase Júcar-Vi¬nalopó», se quedaba tan pancho un conseller del ramo pontificando su ineficiencia. Pero es que el conseller de al lado tampoco se quedaba rezagado: «No pensamos hacer la modernización de los regadíos tradicionales porque los propios agricultores no quieren», reconociendo implícitamente su incompetencia para poner en valor de mercado nuestros productos.
A estas alturas de la fiesta del endeudamiento astronómico al que el PP ha llevado las arcas de la Generalitat Valenciana, comprendemos que no tienen más remedio que hacer de la necesidad virtud. Como hemos llevado a la quiebra financiera a la Generalitat Valenciana, no hacemos las obras que teníamos comprometidas, ¿pasa algo? Pues sí que pasa. Cuatro años más, perdidos con el PP para modernizar nuestras infraestructuras hidráulicas, con grave perjuicio para los intereses del conjunto de todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra Comunitat.
Para lo que interesa, sin embargo, sí que hay todo el dinero público que sea menester. Desde el año 2004, la Fundación Agua y Progreso ha recibido más de 5 millones de euros de todos los valencianos, exclusivamente para hacer agitación y propaganda contra el programa Agua. Además de pagar 4.000 euros por charla a esos ponentes tan científicos que niegan el cambio climático, esta fundación se dedica a subvencionar a todas aquellas entidades que le están haciendo el trabajo sucio al Partido Popular. Ésta es la manera que tienen de escapar al control público de los legítimos representantes de los ciudadanos. Me monto una fundación pública de la Generalitat, a la que no es de aplicación ni la Ley de Procedimiento Administrativo ni la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y a través de ella le encargo toda la faena gruesa de comprar voluntades, sin transparencia, sin publicidad y sin concurrencia competitiva alguna. Igual me da la campaña de los vasos de agua que las paellas con vino para todos.
El PP no va a salirse de rositas de este turbio asunto. Las ciudadanas y ciudadanos de nuestra Comunitat tienen derecho a saber dónde van cada uno de los euros que sus representantes públicos administran. Parapetarse detrás del formalismo para esconder la dilapidación en propaganda de los recursos de todos tiene dos fechas de caducidad. La primera la pondrán los jueces cuando obliguen al señor Camps a considerar legitimidad e interés a quienes ellos se la niegan. Y la segunda fecha de caducidad se la pondrán el próximo 27 de mayo las ciudadanas y ciudadanos de nuestra Comunitat, cuando, también por higiene democrática, envíen al banquillo de la oposición la manipulación que representan.
José María Marugán.
Consejero Delegado de AcuaJúcar
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NOTA: En archivo adjunto les ofrecemos la nota de prensa remitida por Acuajúcar con motivo del recurso de alzada que ha presentado contra la resolución de la Conselleria de Economía que le impide acceder al expediente sobre el aval de 1 millon de euros a la Junta Central de Usuarios.
