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Televisión Intercomarcal obtiene una de las nuevas licencias de Televisión Digital Terrestre

El portavoz de la Generalitat Valenciana y conseller de Relaciones Institucionales y Comunicación, Esteban González Pons, hizo pública a finales de la semana pasada la lista de adjudicatarios de las nuevas licencias de Televisión Digital Terrestre (TDT) dentro de la Comunidad Valenciana. Finalmente han sido adjudicadas un total de 42 televisiones con cobertura local y dos canales con cobertura autonómica.
En cada una de las 14 demarcaciones en que se ha dividido la Comunidad Valenciana habrá un total de cuatro canales, tres de gestión privada y un cuarto que se reserva para las corporaciones locales que lo hayan pedido. Por el momento, en nuestra demarcación (Alto Vinalopó) han sido concedidos los tres canales privados –Consorcio de Televisión Comarcal (Empresa productora de Televisión Intercomarcal), 43 TV y Homo Virtualis–, estando a la espera de conocer la adjudicación de un último canal que sería gestionado directamente por los ayuntamientos de la comarca. De esta manera, una vez entren en funcionamiento los nuevos canales podremos ver 8 canales hechos en la Comunidad Valenciana, de los que 4 serán autonómicos, 3 locales y uno municipal y público.

Entre las características de los pliegos de condiciones destaca que las empresas adjudicatarias (que lo serán por un periodo de 10 años) deberán reservar un porcentaje mínimo de emisiones en valenciano del 25 por ciento en cada franja horaria, a excepción de las demarcaciones castellanohablantes de Elda y Orihuela-Torrevieja, donde el mínimo será el propuesto por los presentados al concurso. Se establece también una reserva del 20 por ciento del tiempo de emisión anual a la difusión de obras audiovisuales y cinematográficas valencianas. La emisión mínima diaria será de cuatro horas de programación original en los canales locales y de seis en los autonómicos y se permite que los concesionarios locales puedan llegar a acuerdos de sindicación de contenidos para producir y difundir conjuntamente contenidos televisivos. Entre las obligaciones de los concesionarios figura la de “difundir gratuitamente y con indicación de su origen los comunicados que en cualquier momento y por razón de su interés público el Consell estime necesarios”. Por último, el Conseller González Pons recordó que todas las televisiones que se encontraban en una situación “alegal” y que no han obtenido ninguna de las concesiones “deberán dejar de emitir en un periodo máximo de seis meses”.

La inevitable polémica
Mientras que desde la Generalitat se defiende que a la hora de repartir licencias “ha primado la pluralidad”, el PSPV ha criticado el momento de hacer públicas las adjudicaciones (en la tarde del 30 de diciembre) y los destinatarios de las mismas, afirmando que “se ha perpetrado un golpe de estado mediático” y se han entregado las licencias “a los amigos de Madrid o bien a empresas que mantienen relación de privilegio con el Partido Popular”, lo que se considera “un grave atentado a la democracia y al bienestar comunicativo de los valencianos”.

Por su parte, el Bloc Nacionalista Valencià acusó al Gobierno valenciano de haber convertido la adjudicación de licencias en “un pago de favores” a grupos mediáticos afines al PP como la cadena Cope y Libertad Digital, lo que pone de manifiesto una “adjudicación arbitraria y que sólo atiende a criterios partidistas”.

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