Mire usted, señora, que servidor lleva ya muchos Plenos del ayuntamiento a cuestas, que por regla general, y con perdón del feminismo militante, son un auténtico coñazo. Pero mire por donde, a la vuelta de la esquina vamos a tener un Pleno interesante. Y le juro que no he bebido. O al menos, no tanto.
Según ha anunciado el portavoz del Partido Popular, José Joaquín Valiente, el próximo miércoles, 18 de marzo, el ayuntamiento de Villena celebrará un Pleno extraordinario para decidir qué hace ante el recurso presentado por la empresa Tesalia Inmuebles, promotora del edificio Carmelitas. Las alternativas son varias, y algunas de ellas, la mayoría en realidad, son más que jugosas. A saber:
Puede ser que los técnicos municipales, y más concretamente la Secretaria, emitan un informe jurídico diciéndole al equipo de gobierno que el ayuntamiento tiene razón. En ese caso, se rechazará en Pleno el recurso de la empresa y la cosa pasará a los tribunales, que como son tan rápidos, cuando quieran fallar es muy probable que ni Celia Lledó sea alcaldesa ni servidor columnista. Dictada la sentencia final, quedará tocada una empresa, lo cual nos da igual, o tocado el ayuntamiento, lo cual es bien distinto, puesto que todos tendremos que aflojarnos el bolsillo como pasó con Jerónimo Ferriz. Es decir, que el pueblo, en este supuesto, pagaría los errores de sus gobernantes, que si respondieran de sus cagadas con su propio bolsillo otro gallo nos cantaría.
Pero puede ser, y aquí empieza a animarse la cosa, que la Secretaria diga que el ayuntamiento no tiene razón. Reconozco que no tengo ni idea ni de Derecho ni de Urbanismo, pero tengo entendido, y por varios canales distintos, que la contraprestación exigida por el ayuntamiento a Tesalia es, tal y como denuncia la empresa, enorme y desproporcionada.
En tales circunstancias, podría ser que el equipo de gobierno decidiera dar marcha atrás. Es decir, aceptar el recurso, anular el convenio anterior y negociar uno nuevo. Sucede sin embargo que las cosas no podrían quedar ahí. Y no podrían quedar ahí porque se ha denunciado públicamente que la empresa no firmó dicho convenio voluntariamente, habiendo asegurado la oposición que se firmó bajo coacciones. Con lo cual, si el equipo de gobierno recula, cabría preguntarse quién ha coaccionado y, en consecuencia, deberían rodar cabezas, porque no es de recibo que ningún gobernante ni ningún carguico de confianza presionen o coaccionen a empresa alguna.
Otra opción posible sería la conocida castizamente como nos liamos la manta a la cabeza y nos echamos al monte, es decir, que aunque no las tenga todas consigo, el equipo de gobierno decida mantenerse en sus trece y rechace el recurso. Y aquí ya se anima del todo el asunto, porque entra en juego la división del Partido Popular. De hecho, integrantes del famosísimo G-8 ya han dejado caer por ahí que o hay un informe jurídico favorable de los técnicos municipales subrayando que en efecto sean técnicos municipales, es decir, funcionarios de carrera, y no enchufados a dedo como el economista-no-colegiado-experto-en-estudios-de-inviabilidad o con su voto que no cuente la alcaldesa. O sea, que se abstendrán, o votarán en contra, o se irán a mear en el momento de votar, haciendo que PSOE y Verdes queden en mayoría y ganen la votación. Llegado este último caso, es decir, rota la disciplina de voto en el Grupo Popular, quedarían pocas opciones, verbigracia, o la inmediata expulsión de esos concejales o una Moción de Censura contra la alcaldesa.
Para que luego digan, desagradecidos ciudadanos, que los Plenos son aburridos
