Se presupone que un Ayuntamiento requiere de un presupuesto para poder funcionar con normalidad. Se presupone que un equipo de gobierno de mayoría monocolor tiene más fácil aprobar las partidas económicas municipales. Se presupone que la responsabilidad de los políticos es gestionar los asuntos públicos. Supongo que, si este año no hay un nuevo presupuesto, alguien tendrá que rendir cuentas. Por supuesto, ese es uno de los mayores presupuestos de la democracia.
El Partido Popular solo presentó y aprobó una vez las cuentas públicas entre 2007 y 2011, a pesar de haber logrado mayoría absoluta. El condicionante era la anómala situación provocada por la ruptura interna que, al dejar en minoría al gobierno de Celia Lledó, ponía en riesgo cualquier decisión en ese sentido. Un síntoma de extrema debilidad y de excepcionalidad institucional que la oposición se encargó de denunciar con argumentos claros y justificados.
Durante la legislatura pasada, con un gobierno tripartito formado por Verdes, PSOE y VCD, se consiguió disponer puntualmente de un presupuesto municipal cada año, a pesar de las herencias recibidas, la crisis económica y los continuados impagos a proveedores. Un rasgo que se supo rentabilizar ante la ciudadanía como ejemplo de consenso, capacidad de gestión compartida y eficiencia. Además, sin ser en absoluto unos presupuestos participativos, al menos se hacían presentaciones públicas para dar a conocer las cifras y su distribución por partidas.
Ahora, cuando gobiernan los Verdes con mayoría absoluta, de manera increíble, estamos a finales de mayo sin presupuesto y sin explicaciones. Esta vez no hay ruptura en el seno del equipo de gobierno, al menos que sepamos. No hay que conciliar intereses multipartidistas, al menos que sepamos. No hay onerosos lastres de gobiernos anteriores, al menos que sepamos. Entonces, ¿qué es lo que imposibilita la presentación y aprobación normal de las cuentas en el Ayuntamiento? ¿Por qué se tendría que recurrir a unos presupuestos prorrogados?
El desconcierto origina distintos rumores, ¿fundados o infundados? No se sabe. Ediles egoístas que anteponen sus delegaciones frente a compañeros de gobierno. Desacuerdos en las prioridades y las líneas de actuación a seguir. Imprevistos que alteran las decisiones planteadas en un principio. Parálisis institucional y ausencia de perfiles resolutivos. Dejadez y vagancia. Técnicos reacios a asumir las directrices políticas.
Sería muy de agradecer al menos que, ya que no va a haber en breve una presentación pública de las cuentas, sí se diera cuenta de los asuntos públicos que afectan a toda la ciudadanía. A ver si a estas alturas van a quedar justificadas las omisiones e injustificadas las críticas de hace unos años, cuando se acusaba al concejal de Hacienda de no merecerse el sueldo por no cumplir con su trabajo. Pero en esta ocasión el asunto adquiriría más gravedad porque el responsable es, directamente, el alcalde, que no puede escudarse en la figura del interventor municipal o del ministro del ramo.
