Es evidente, a todos nos gustaría encontrar una fórmula mágica para solucionar esta crisis. Bueno, a casi todos, pues cuando hay que tomar decisiones trascendentales que supongan crítica, y a veces incomprensiones, aunque sean necesarias para el bien del país, ya sabemos quienes nunca van a estar dispuestos a asumir el más mínimo compromiso y sólo nos ofrecen su destructora irresponsabilidad como oposición para esperar sin mojarse conseguir lo que hasta ahora las urnas no les han dado. Por eso, ya no nos extraña a nadie que el Partido Popular toque palmas cuando manifiesta, sin dar alternativa alguna, que el Real Decreto-Ley de medidas urgentes para la Reforma Laboral no va a solucionarlo todo.
A pesar de lo que digan, el Gobierno presentó su propuesta tras un intenso proceso de negociación con los interlocutores sociales, en los que finalmente no se pudo llegar a un acuerdo, pero que recoge propuestas de todas las partes y que está abierto a otras posibles incorporaciones que enriquezcan la norma en el trámite como proyecto de ley. Mientras que para los empresarios se quedan cortas estas medidas porque les parecen que favorecen en exceso a los trabajadores, para los representantes de los sindicatos mayoritarios son excesivas y remarcan los aspectos a su juicio negativos hoy, sin apreciar las ventajas del mañana, en su legítimo derecho de querer conseguir el máximo hoy y para el mañana aunque no sea posible todo a la vez. Por eso, el Gobierno ha hecho lo que tiene que hacer en su responsabilidad de gobernar, proponiendo una reforma de calado y equilibrada, para la que se ha intentado el acuerdo no escatimando esfuerzos y que se produce en el momento adecuado, cuando se perciben signos claros de recuperación pues nunca se hizo una reforma en los momentos álgidos de las crisis, sino cuando se estaba saliendo de ella, como en los años 1984-1985, 1994 y 2002.
Se trata de una reforma positiva para el conjunto de la economía porque hará más eficiente el mercado laboral, ayudará a reforzar el crecimiento, va en la dirección de asentar un modelo productivo más equilibrado, sólido y sostenible, y no se reducen los derechos y garantías de ningún trabajador. Por eso, se dirige a solventar los principales problemas que el mercado laboral español arrastra desde hace más de veinte años como la fuerte segmentación de los trabajadores entre fijos y temporales, la escasa flexibilidad interna de las empresas, la insuficiente capacidad de colocación de los servicios públicos de empleo y las fuertes dificultades de inserción de algunos colectivos de trabajadores, como los jóvenes, las mujeres, los parados de larga duración o las personas con discapacidad.
El Real Decreto-Ley tiene como uno de sus objetivos prioritarios reducir la dualidad entre la contratación temporal y la contratación indefinida. Para impulsar la creación de empleo estable y de calidad, se han planteado medidas que restringen el uso injustificado de la contratación temporal (límite temporal máximo en los contratos para obra o servicio determinado, extensión de las medidas para evitar el encadenamiento sucesivo de contratos temporales, incremento progresivo de la indemnización por la finalización de este tipo de contratos, entre otras) y medidas para favorecer la contratación indefinida, respetando el doble compromiso del Gobierno de mantener los derechos de los trabajadores y aliviar a las empresas de parte de los costes extintivos (se apuesta por favorecer el contrato para el fomento de la contratación indefinida, ampliando los colectivos que pueden tener acceso a esta modalidad, se prevé que el FOGASA asuma una parte de la indemnización correspondiente a los despidos por causas económicas hasta la creación de un fondo de capitalización individual que podrá utilizar el trabajador en los casos de despido, para completar su formación o en el momento de su jubilación, así como se precisa el contenido de las causas del despido por razones objetivas)
Por otra parte, la reforma se encamina a reforzar los instrumentos de flexibilidad interna en las empresas, y especialmente los mecanismos de reducción de jornada como alternativa a los despidos y a los contratos precarios, compatibilizándose la flexibilidad para las empresas favoreciendo su adaptabilidad a las circunstancias económicas con la seguridad para los trabajadores (preservando todas sus garantías laborales), mediante medidas como, entre otras, la ampliación de las posibilidades para suspender, en lugar de extinguir, los contratos de trabajo y reducir la jornada en situaciones de dificultades económicas de la empresa. Son opciones ya introducidas a menor escala en el Real Decreto Ley 2/2009, de marzo del pasado año, y que han tenido un efecto muy favorable para preservar puestos de trabajo en esa fase de la crisis económica.
Otro de los objetivos de la Reforma Laboral es ofrecer más oportunidades para los desempleados, con especial atención a los jóvenes, con una nueva regulación más rigurosa y selectiva de la política de bonificaciones a la contratación indefinida, introduciendo una mejora sustancial del contrato para la formación de los jóvenes, reforzando los incentivos a las empresas y la protección social por desempleo, así como planteando la ampliación y mejora de los mecanismos de intermediación laboral, preservando la centralidad de los Servicios Públicos de Empleo.
Cuando manifestamos que estas reformas van a beneficiar a los trabajadores, a las empresas y al país en su conjunto, lo hacemos desde la convicción de que las empresas en España van a poder desarrollar su actividad y crear riqueza, con mayor seguridad jurídica, generándose empleo más estable y manteniéndose toda la red de derechos de los trabajadores.
Mientras el Gobierno socialista de José Luís Rodríguez Zapatero hace lo que tiene que hacer, Rajoy ni se moja.
Vicenta Tortosa Urrea
Diputada nacional del PSOE
