Ciudad

Una treintena de trabajadores municipales protestan contra el recorte de servicios que traerá la reforma de la Administración Local

Unos 30 funcionarios y empleados del Ayuntamiento de Villena se han concentrado este mediodía en la plaza de Santiago en repulsa de la ley de reforma de la Administración Local que pretende aprobar el Gobierno de España y que los sindicatos Comisiones Obreras, UGT y CSIF, que convocan esta protesta, califican como “ley antiayuntamientos”.
Carmen Ortega, delegada sindical de CC.OO., explicaba que esta acción reivindicativa se ha organizado a nivel nacional en todos los municipios del país contra la nueva norma, que previsiblemente será aprobada la próxima semana. “Nos manifestamos contra esa ley porque traerá la desaparición de muchos de los servicios que se están prestando hoy desde los ayuntamientos”, aseguraba Ortega, trabajadora de los Servicios Sociales de Villena.

“Pensamos que es una barbaridad que servicios municipales como el Gabinete de Desarrollo Económico, Servicios Sociales, la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), el Conservatorio de Música, etc., pasen a depender de la Diputación de Alicante, como plantea el Gobierno, cuando Diputación no tiene fondos para mantenerlos”, señalaba la sindicalista.

Los sindicatos creen que la nueva ley significará la desaparición de esos servicios, con lo cual muchos ciudadanos se quedarán sin esas prestaciones. En los municipios de menos de 20.000 habitantes se suprimirán los servicios, mientras en los de más de 20.000 habitantes –como es Villena– “puede que deleguen algunas de las prestaciones que ahora están dando”, decía Ortega, añadiendo que “así tendremos ayuntamientos de primera, de segunda y de tercera”.

En Villena la ley supondría que desaparecerían Servicios Sociales como la atención a mayores, drogodependientes, menores, etc., quedando solamente la evaluación de riesgos. También lo harían servicios que dependen de Educación –como el Conservatorio Profesional de Música, la Escuela de Idiomas, el Gabinete Psicopedagógico, el mantenimiento y los conserjes de los colegios públicos, así como el Gabinete de Desarrollo Económico, la OMIC (que atiende a 2.000 personas al año) o AMICS (que atiende a personas inmigrantes).

La reforma significará la desaparición de numerosos puestos de trabajo en esos servicios municipales y desde el Estado se establecerán los gastos de cada servicio, sin poder superarlos cada ayuntamiento “con lo cual no se podrán prestar como se está haciendo ahora”, apuntaba Ortega. “Así que los ciudadanos, que en muchos casos no tienen ni para comer, tendrían que trasladarse a grandes ciudades como Alicante, donde se centralizarán los servicios, lo que conllevará mayores colas y más tiempo para poder acceder a estos”, concluía.

Las protestas seguirán en las próximas semanas y para el 19 de diciembre ya se han programado concentraciones en las puertas de las subdelegaciones de Gobierno de Alicante, Valencia y Castellón, a las que acudirán los delegados sindicales.

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