En días pasados el ayuntamiento de Barcelona, escuchando las continuas quejas de los vecinos, ordenó la prohibición de ejercer la prostitución en sus calles, e inició una campaña de acoso contra estas trabajadoras de la noche, y de las miserias. Trabajadoras que deben enfrentarse día a día con los más bajos deseos de sus clientes en caso de ser afortunadas electoras de los mismos (muchas no eligen), que ponen en peligro sus vidas al verse obligadas a realizar sus servicios en lugares apartados, servicios que suponen para muchas de ellas el único modo de huir de una mísera vida, de dar de comer a sus hijos o de poder mantener adicciones a las cuales han llegado al encontrarse inmersas en el sub-mundo que rodea esta modalidad del sexo o al verse abocadas a la fuerza a él.
El llamado Oficio más viejo del mundo es en nuestros días un vergonzoso negocio de tráfico de mujeres a nivel mundial. A nuestro país llegan cada vez mujeres más jóvenes, en su mayoría de países del Este y sudamericanos, embaucadas con promesas de un trabajo digno que se convierten en ceniza a la misma velocidad con la que el barco o el tren que las traslada comienza a tocar tierra. Las innumerables violaciones a las que son sometidas a nivel físico (con palizas intimidatorias sin piedad ninguna) y moral (con amenazas de muerte para ellas y sus familias), es un duro drama humano que se nos muestra continuamente en TV y que las convierte en esclavas de las mafias, que controlan este mercado al 90% y tienen un filón inacabable que mueve en todo el mundo grandes cantidades de dinero por si mismo y por los negocios ilegales que atrae.
La medida tomada por este ayuntamiento vuelve a poner en tela de juicio la necesidad demandada por las prostitutas de su legalización, legalización que les concedería una igualdad merecidísima con el resto de los trabajadores, les daría el derecho al uso de la Seguridad Social, tan necesario para ellas y para un mejor control de enfermedades de trasmisión sexual, les aseguraría a muchas el poder dejar de ejercer este penoso oficio si así lo deciden para buscar otros rumbos con un subsidio de desempleo acorde con lo devengado con sus días cotizados, y las igualaría en obligaciones fiscales con cualquier otro trabajador. Mirando en otra dirección, liberaría de paso a nuestra saturada Justicia de la carga que supone asistir a juicios por estos casos que impiden con toda seguridad se puedan ocuparse de cuestiones mucho más importantes en nuestros días (terrorismo, violencia de género, acoso en los colegios, entre otros).
Pero lamentablemente, esta realidad no traspasa nunca el nivel de la reivindicación, siendo continuamente capoteado por los gobiernos, apareciendo y desapareciendo de la opinión pública, que deja el tema a merced de los acontecimientos y lo convierte en terreno perfectamente abonado para facilitar el cultivo de más y más contrabando de mujeres cual moneda de cambio. En mi opinión, como sociedad moderna que presumimos de ser, deberíamos dejar a un lado conflictos éticos, morales y doctrinas religiosas en relación a este asunto, para centrarnos en lo necesario y estrictamente justo, que es reconocer abiertamente su práctica, el facilitarles unos lugares donde poder realizar su labor sin miedos a detenciones y con las medidas de asepsia necesarias para clientes y vendedoras, para así dejar de presenciar el triste espectáculo que supone ver a mujeres tan dignas como otras, de cualquier raza y edad, apostadas en sucias esquinas al cobijo de la penumbra, cual delincuentes, para simplemente poder llevar a cabo el trabajo que han elegido o que, en la mayoría de los casos, la vida les ha impuesto.
