Valencia, 23 de diciembre de 2011. Víspera de Nochebuena. Son las 11 de la mañana y un nutrido grupo de personas cantan villancicos a las puertas de la Consellería de Presidencia. El Molt Honorable, o su ilustrísima, o quien quiera que sea el responsable, seguramente no está en el edificio, o si está hace como si no estuviera. Y es que ya deben estar acostumbrados a estas sesiones de protesta ciudadana que hoy suenan a ritmo de villancicos.
En la concentración se enarbolan banderas sindicales y pancartas con justas demandas. Son personas trabajadoras que quieren cobrar por realizar su trabajo (muchas llevan meses sin cobrar), son familiares de personas con diversas discapacidades, ancianas, dependientes, con enfermedad mental
que están viendo como se deterioran o dejan de prestar servicios. Unos servicios esenciales para hacer realidad la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.
Según reza nuestra Constitución los Poderes Públicos deben remover los obstáculos para hacer efectivos todos los derechos, pero en su defecto, fueron las asociaciones de afectados y sus familiares quienes tomaron la iniciativa para ofrecer servicios a diversos colectivos de personas con especiales necesidades. Ello fue posible en colaboración o a través de programas y convenios con la Administración Local y Autonómica. De esta manera la Administración se ha beneficiado de una labor llevada a cabo por las asociaciones, liberándola así de crear ella el servicio y por tanto también de sus ataduras: quien contrata al personal no es la Administración, sino la asociación. Pero ahí está el problema, si la asociación no recibe la subvención estipulada en el convenio no puede pagar a los empleados, se asfixia económicamente y deja de prestar los servicios.
Si se deja que esto suceda ocurrirán tres cosas:
1.Los profesionales que prestan el servicio quedarán en el paro.
2.Las personas atendidas quedarán al cuidado exclusivo de las familias, o para concretar más, al cuidado de las mujeres de la familia y si éstas tienen la suerte de tener un empleo, quizás tengan que dejarlo para atender a su familiar. Con esta fórmula hasta es posible que creen puestos de trabajo ¡quienes abandonan el empleo no se consideran parados!
3.Y mucho más grave. Los derechos de las personas más vulnerables quedarán pisoteados.
Por nuestra dignidad y la de nuestros familiares, no debemos permitir que esto ocurra.
Rosalía Sanjuán Ayelo
Secretaria de AFEPVI (Villena)
