Villena, “punto negro” de la costa valenciana según Greenpeace

Según publica hoy en sus páginas el diario ABC, Villena es una de las localidades incluida en la lista de “puntos negros” del litoral valenciano según el informe “Destrucción a toda costa”, hecho público recientemente por Greenpeace. A continuación, reproducimos la noticia y adjuntamos dicho informe.
La organización ecologista Greenpeace presentó el pasado 4 de julio el informe “Destrucción a toda costa”, un documento de carácter anual y desglosado por Comunidades Autónomas que pretende hacer un diagnóstico “exhaustivo” del litoral español. En él, la Comunidad Valenciana no sale muy bien parada. Se acusa a la Generalitat de “practicar una política donde los máximos beneficiarios son el cemento y el hormigón”.

Sin embargo, la mayor parte del informe está basado en imprecisiones que desacreditan su contenido. Una de las cuestiones que reflejan más gráficamente estas inexactitudes es que la organización ecologista incluye como “puntos negros del litoral” a poblaciones del interior de la Comunidad. Benaguacil (a 30 kilómetros de la costa), Manises (a doce), Ribarroja (a veinticuatro), Betxí (a catorce) o Elda (a cuarenta). Estas localidades son consideradas por Greenpeace como lugares donde se han registrado actuaciones perjudiciales en la zona costera. El caso más llamativo es el de Fontanars dels Alforins, población que se encuentra a once kilómetros de la provincia de Albacete y que prácticamente está enclavada en la meseta manchega.

Proyectos urbanísticos
De los proyectos urbanísticos que están siendo investigados por la Fiscalía Anticorrupción, la organización ecologista incluye los que han sido anulados por la Administración autonómica y otros en los que existen denuncias que todavía no se han materializado oficialmente.

Otro punto en el que Greenpeace se mostró especialmente crítico fue en el de la masiva construcción de campos de golf en tierras valencianas. Según el informe, 48 campos de este deporte se construirán durante los próximos años, lo que se aprovechará como “excusa” para urbanizar. Desde Territorio refutan enérgicamente estos datos y destacan que durante toda la legislatura se han aprobado 17 campos, se han denegado nueve y en otros once casos se ha obligado la revisión del Plan General. A pesar de ello, si se contabilizaran tanto los aprobados como los rechazados, la Comunidad estaría muy por debajo en número de campos de golf de otras regiones, como Cataluña o Andalucía. El documento acusa al conseller de Territorio de “ubicar campos de golf en cualquier campo, incluso el protegido”, unas afirmaciones que cuanto menos han despertado la extrañeza en la Conselleria ya que, según sostienen, la nueva ley de golf “rompe el binomio urbanización-campo de golf e impone unas severas condiciones ambientales tanto en su implantación como en su gestión”.

Viviendas y reclasificaciones
Respecto al número de viviendas y reclasificaciones, de los 42 proyectos calificados por Greenpeace como ejemplos de insostenibilidad en el litoral, 26 de ellos (62%) se hallan en el interior de la Comunidad y trece no han sido aprobados por la Comisión Territorial de Urbanismo y son únicamente iniciativas que están en fase de desarrollo inicial. Otro caballo de batalla de la organización “verde” es la supuesta invasión de zonas húmedas y de otros espacios naturales por la urbanización. El informa denuncia 16 actuaciones: 7 de ellas se producen en zonas de interior y el resto, según apuntan desde Territorio, son “falsas”, ya que “al menos desde 1995, no se ha tocado un solo metro cuadrado de espacio natural protegido”.

Y es que las conclusiones del informe no han sido del agrado de la Conselleria de Territorio. Sobre todo cuando se compara el trato que recibe la Comunidad con el que reciben otras como Cataluña (región con el mayor porcentaje de costa urbanizada, 699 kilómetros, un 39 por ciento del total). “Como todos los años, Cataluña, con menos litoral protegido, es presentada como el paradigma de las actuaciones correctas en el litoral, aunque estas incluyan desapariciones de ecosistemas enteros, como la LIC del Prat, o que el propio Gobierno catalán presente como insuficiente su nivel de edificación litoral, afirmando que como mínimo son necesarias 100.000 viviendas más en este espacio”, señalaron.