Villena recibe con los brazos abiertos la apuesta por la transparencia de la Generalitat Valenciana

Si la llegada de los nuevos ayuntamientos trajo novedades, como la creación en nuestra ciudad de una concejalía de Políticas Animalistas, el cambio al frente de la Generalitat Valenciana también se está dejando notar paulatinamente durante estos primeros meses de gobierno.
El alcalde de Villena, Francisco Javier Esquembre, se reunió este lunes en el ayuntamiento con Manuel Alcaraz, conseller de Transparencia, un departamento de nueva creación que tiene por objetivo abrir las instituciones al ciudadano y facilitar el conocimiento sobre la labor y la gestión de los cargos públicos, una política con la que se siente cómodo e identificado el gobierno de Villena, que ya lleva años trabajando en ese sentido, señalaba el alcalde, que recordaba la modernización de la página web municipal, un proceso “no obstante aún insuficiente y en el que hay que seguir avanzando para que los ciudadanos tengan todo el acceso posible a saber en qué invierten su dinero y su tiempo los cargos públicos”.

Por su parte, Manuel Alcaraz justificaba la necesidad de este departamento aludiendo a la “terrible imagen que ha ofrecido la Comunidad Valenciana en los últimos años, atravesada de norte a sur por casos de corrupción, una corrupción a la que el partido entonces gobernante, el PP, no hizo frente tal y como debía”. Para superar esa “cultura de la sospecha” que salpica a todos los políticos valencianos, Alcaraz remarcaba que “hay que aprovechar esa ola que supone el deseo de cambios en la forma de hacer política en la Generalitat, implementando medidas que permitan restablecer su dignidad a la Comunidad Valenciana”.

En este sentido, el conseller explicaba algunas de las medidas que se van a tomar próximamente desde la Generalitat, y que deberán estar acompañadas de acciones similares a nivel de Diputaciones y ayuntamientos para que realmente obtengan los resultados esperados. Entre otras, destacaba la puesta en marcha de la Ley de Transparencia, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo 9 de octubre, así como la creación de un “código ético de buen gobierno” que será de obligado cumplimiento para los altos cargos, así como para aquellos ayuntamientos y concejales que deseen adherirse al mismo.