Villena reclamará a la Generalitat intereses por los retrasos en los pagos del Contrato Programa

El alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, y las diputadas autonómicas Charo Navalón, y Silvia Gómez, han denunciado el incumplimiento de los acuerdos de la Conselleria de Servicios Sociales con los ayuntamientos y la emisión de un confirming para el abono del Contrato Programa a año vencido, lo que supondrá que 1,3 millones de euros correspondientes a 2025 se pagarán en 2026.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Villena ha planteado a su equipo jurídico la reclamación judicial de los intereses por el retraso de los abonos de los servicios que son competencia autonómica de los ejercicios 2024 y 2025.

Cerdán considera que la imposición del confirming como herramienta de pago obliga a Villena, y al resto de municipios sometidos al Contrato Programa, a sufragar con fondos propios una prestación de servicios que son responsabilidad de la Generalitat. Lo que ha planteado el alcalde a las diputadas es que “actúen para corregir esta forma de actuar de la Conselleria, que pone en peligro estos servicios públicos. No ocurre en Villena, que tiene unas cuentas saneadas, pero sí puede ser un riesgo en otros municipios con problemas de liquidez o que tienen menos recursos”.

El alcalde ha denunciado la “doble vara de medir” que se produce cuando la Conselleria aplica intereses de las partidas de subvención no ejecutadas en la contratación de personal. En consecuencia y aplicando la reciprocidad de las acciones, Villena entiende que puede reclamar los mismos intereses por el retraso del abono que ya ha confirmado el Consell con la emisión del pago diferido a año vencido de un personal que le corresponde a la Conselleria.

Intento de privatización

Al respecto, la diputada Gómez comentó que esta situación que vive Villena es aplicable a otros muchos municipios de la Comunidad Valenciana y que “está dirigida a privatizar los servicios sociales de los ayuntamientos”.

Para ello, según la diputada autonómica, la modificación incluida en la Ley de Servicios Sociales ya abre la puerta a este proceso de derivar a iniciativas privadas la gestión de estas prestaciones. Por lo tanto, a su juicio, la intención de la Conselleria es incentivar un peor servicio, con menos personal y con una limitación de recursos económicos para que los ayuntamientos cada vez tengan más dificultades para sostener el personal de Servicios Sociales que exige la propia Conselleria.

En el caso de Villena, el incremento de personal ha ido desde los 11 profesionales en servicio en 2021 a los 20 existentes este año, que se incrementarán en tres personas más a lo largo de los próximos meses. “Este personal hoy es soportado con recursos municipales, ante el impago y el declarado retraso de la Conselleria”, ha concluido el alcalde de Villena.