Villena y Elda, las más perjudicadas con la reorganización de los partidos judiciales
Los partidos judiciales de Elda y Villena serían, sobre el papel, los más perjudicados en el caso de que el Ministerio de Justicia diera su visto bueno a la propuesta de reorganización de estas infraestructuras, que pasarían de 13 a 8 en la provincia de Alicante, aprobada ayer por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Así se desprende del análisis de las propias cifras facilitadas por el órgano de gobierno de los jueces.
Villena cuenta actualmente con tres juzgados mixtos (tramitan tanto materia penal como civil) para un total de 53.797 ciudadanos censados en la capital del Alto Vinalopó y otros seis municipios: Beneixama, Biar, Campo de Mirra, Cañada, Salinas y Sax. La ratio es, por tanto, de 17.932 personas por cada órgano. Con el cambio propuesto por el CGPJ, ésta se incrementaría hasta los 21.688.
Mientras tanto, en Ibi y Alcoy, candidatos a formar con Villena un único partido judicial, esas proporciones se reducirían de 21.921 y 24.389 habitantes por órgano, respectivamente, hasta esos 21.688.
Algo parecido sucedería a Elda, que con cuatro juzgados da servicio a esta localidad y a la vecina de Petrer, en caso de agruparse con la demarcación de Novelda. Su ratio pasaría de 22.365 ciudadanos por órgano a 25.493, cifra ésta que mejoraría por contra el servicio para Novelda, donde la ratio se sitúa ahora en 29.669.
Por lo que respecta a Benidorm y La Vila, la primera saldría levemente perjudicada y la segunda, beneficiada. En Alicante y San Vicente del Raspeig, la ratio quedaría en 18.927 habitantes por juzgado, frente a los 18.261 y 22.422, respectivamente, de la situación actual.
En cualquier caso, esta interpretación puramente cuantitativa no tiene en cuenta otros factores que pueden aumentar las molestias para los usuarios, como la dispersión de los núcleos de población, que se da en buena medida en el Alto Vinalopó y la Marina Alta, por ejemplo.
A la propuesta se han opuesto no pocas juntas de jueces, entre ellas la de la capital provincial. Igualmente fue criticada ayer por el decano de los abogados de Alicante, Fernando Candela, para quien la medida «aleja la Justicia de los ciudadanos y de los profesionales». En cambio, el fiscal jefe provincial, Juan Carlos López Coig, se mostró partidario porque favorecerá la organización del trabajo del Ministerio Público.
Autor: M.C.S.
Fuente: La Verdad
