Tras las últimas noticias sobre la investigación que presuntamente sufrirá la SGAE sobre la administración de su capital, parece que no queda muy claro el modo en que la Sociedad administra su recaudación (probablemente no basta con ver su sede central, sino que será cosa de investigar las cuantías de los cachés que paga la Fundación Autor, el equitativo reparto entre artistas y otros pequeños gastos). Esta noticia se suma a otra sobre la puesta en funcionamiento del canon digital, cuota materializada en una subida de precios de productos que son potenciales herramientas delictivas por parte de sus propietarios: teléfonos móviles, mp3-4, discos duros, etc. Novedades que al fin me han llevado a escribir unas palabras sobre el asunto.
Tendría que empezar a hablar del particular recordando el día en que se aplicó el canon a los discos compactos. En aquel momento la empresa donde estaba asociado quemaba la ridícula cifra de 500 cedés con información promocional de nuestros productos. Digo ridícula porque lo es comparada con otras empresas. La información, ya digo, que contenían los discos era propia (imágenes, música, textos
) y exclusiva del negocio, lo cual no nos eximió de pagar el impuesto sobre derechos de autor de los artistas asociados a la general de autores, huelga decir que sin aportar éstos nada a nuestro catálogo. Es decir, la SGAE estaba cobrando a nuestra empresa por cada disco virgen que comprábamos pese a que su contenido no afectara a los datos de su propiedad.
Como si de un impuesto revolucionario se tratara estábamos pagando y contribuyendo a su sociedad en calidad de presuntos delincuentes. Han pasado largos años desde aquello y la bestia se ha manifestado insaciable. Al amparo del Gobierno ahora el poder recaudatorio se extiende hasta casi todos los bolsillos: da igual si usted ha comprado un celular cuyo precio cubre los derechos de las melodías incluidas, o que al adquirir una nueva melodía su precio incluya el susodicho impuesto, aún así y porque el aparato que se ha procurado cuenta con la posibilidad de reproducir música, usted deberá pagar un pequeño suplemento monetario que, además, no lo eximirá de culpa en el caso improbable de ser requisado su móvil y certificado que aloja música o vídeos no justificados mediante factura. Usted, querida persona, paga por presunción de delito.
Frente a la defensa que el pensamiento liberal hace al respecto de este tipo de agrupaciones, sólo queda una respuesta: facilitar la competencia: facilitar la creación de más sociedades en las que se inscriban quienes no se sientan representados por la SGAE. El problema no debe quedar saldado mediante el pago silencioso y el desprecio e insulto manifiesto, sino que debería ser correspondido mediante la exigencia de otro tipo de canon, que defienda otra suerte de patrimonios. Así, cuando ya nos encontremos inmersos en un mar de impuestos, puede que una luz comience a brillar en el cerebro.
