En manos de la Justicia ha recaído la tarea de dilucidar si las trabas puestas por la Policía Local por orden de su responsable, la concejal Adela Serra al PSOE a la hora de repartir su propaganda electoral en el Mercado se ajustan a ley o no. Habrá que esperar hasta entonces (que visto lo visto en el Juzgado, vaya usted a saber hasta cuándo) para exigir responsabilidades a quien corresponda, pero vaya por delante que éstas pueden ser mucho más serias de lo que en principio pudiera pensarse.
No me apetece echar la vista atrás y preguntarme en voz alta si en su día solicitaron el papelito pertinente asociaciones como APAC o Amnistía Internacional antes de poner su chiringuito en la calle, o incluso si lo solicitó el propio Partido Popular de Villena en su campaña de recogida de firmas contra el Estatuto catalán, por citar algún caso. Agua pasada no mueve molino, y además resulta obvio que todas estas acciones, al igual que la que pensaba llevar a cabo el PSOE el pasado jueves, no constituyen ningún tipo de competencia desleal para comerciante o empresario alguno.
Lo que sí que he hecho es agenciarme la Ordenanza supuestamente infringida, que es la número 23 y tiene por nombre Reguladora de la Tasa por Ocupación de la Vía Pública. En ella, perfectamente tipificado, se habla de quioscos, aparatos de venta automática, mesas, sillas, tribunas o tablados estos últimos, se deja bien claro, con finalidad lucrativa, puestos, barracas, casetas de venta, asadores de carne, aves y similares, churrerías, jaimas y atracciones. Después, la Ordenanza hace un aparte para hablar de Ferias y Mercados (Feria del Campo, de atracciones, mercado medieval, etc.) y finalmente se refiere a la ocupación de calles por obras y a la regulación de los cortes de calles, vados y demás cuestiones referidas al aparcamiento. A mi humilde entender, ninguno de los casos contemplados puede aplicarse al cartel desplegado por el PSOE y a su reparto de folletos. No obstante, no soy ni jurista ni abogado, así que mejor dejaremos decidir a quienes están cualificados para ello.
Tampoco soy adivino, pero jugar a vislumbrar el futuro es relativamente sencillo en este caso, puesto que sólo nos quedan dos opciones: si el PSOE no tiene razón, habrá que crujirlos por infringir una ley que deberían conocer, además de por provocar un victimismo injustificado con tal de hacer una oposición que, de ser así, se distanciaría muy mucho de la que con bellas palabras anunciaron que harían. Eso sí, lo que les voy a criticar ya mismo es el adjetivo con que han tildado la actitud de Celia Lledó, pinochetista. ¿Tan pronto han olvidado lo que les molestó que llamaran del mismo modo a Vicenta Tortosa en su día? ¿Por qué siempre nos empeñamos en repetir los errores en lugar de hacerlo en preservar lo acertado, sea quien sea su autor?
Con todo, la opción B me parece mucho más preocupante: imaginemos que el PSOE tiene razón. En ese caso, no sólo estaríamos asistiendo a un chusco caso de abuso de poder por parte de un equipo de gobierno al que, cegado de revanchismo, parecería venirle grande el cargo, sino que la posición en que quedaría Adela Serra sería para plantearse no pocas cuestiones. El gesto en sí, la prohibición de repartir propaganda, es aparentemente una nimiedad, pero también es la negación de un Derecho Fundamental: el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones (Constitución Española, art. 20). ¿Sería muy fuerte pedir la cabeza de un concejal por un acto como éste? ¿Qué piensan ustedes al respecto?
