Sociedad

215.000 millones de pesetas para mejorar la calidad de vida de las personas dependientes

La Diputada Autonómica del PSOE, Rebeca Soler, así lo aseguró ayer en la rueda de prensa previa a la charla informativa que ofreció, sobre la Ley de Dependencia que el gobierno central espera aprobar en breve.
Soler comenzó su intervención diciendo que esta ley va a marcar un hito en las políticas sociales de España, que será una “auténtica revolución social” y que constituye el cuarto pilar del Estado de Bienestar, al que tienen derecho los ciudadanos. Según la diputada se trata de una ley moderna que nos equiparará mucho a otros países europeos que ya la tienen. Para la socialista es, sin duda, la ley de la legislatura de Zapatero y “va a marcar un antes y un después en los servicios sociales”. El nombre, Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, habla por si solo, dijo Soler, pues va a abarcar todas las situaciones de dependencia de personas –minusválidos, enfermos, ancianos, niños, etc.– que necesitan de una tercera persona para su autonomía. La diputada recordó que este anteproyecto de ley está ahora en tramitación parlamentaria y aseguró que va a ser aprobada pronto, logrando el reconocimiento de la asistencia para personas dependientes como derecho universal.

Rebeca Soler destacó de la Ley obligará a las diferentes administraciones autonómicas a ofrecer la asistencia, recursos y servicios necesarios para que las personas dependientes tengan garantizadas una serie de coberturas que les faciliten la vida, lo que supone, en definitiva, una nueva concepción de los servicios sociales. La Ley de Dependencia se basa en el principio de la “equidad territorial”, es decir, que será una ley igual en todos los sitios de España, que garantice igualdad en el acceso a los servicios públicos en todo el país. Esto se garantizará mediante una serie de parámetros. Primero, se establece una baremación sobre los grados de dependencia –moderada, grave y muy grave–, en función de los cuales recibirán un servicio público o concertado; en caso de que en su comunidad autónoma no lo tuviera, se le daría una compensación económica para que contratase ese servicio en el mercado público de servicios sociales. Segundo, se va a potenciar el tradicional cuidado de las personas dependientes por sus familiares, con la opción de que el cuidador familiar sea remunerado por la Administración y ésta le de una formación previa, bajo el marco de esta ley. Se trata de un “cuidado del cuidador”, que también obtendrá unos programas de “respiro”.

Para la financiación de la ley se ha optado por la vía presupuestaria, para darle más estabilidad. Así habrá co-financiación (50 %-50%), entre la administración central y las autonómicas, con cargo a los presupuestos generales del Estado y con partidas definidas, claras y con “efecto finalista”, con objetivos fijados cualitativa y cuantitativamente. De los 215.000 millones que el Estado prevé destinar a esta ley, las autonomías tendrán que aportar 25.000 millones de pesetas. Ya este año habrá una partida específica para centros de día e integrados y para reforzar los recursos para las personas de mayor dependencia. En 2007 se empezará a aplicar la ayuda a las personas del grupo de “muy grave dependencia”, incorporando 400 millones de euros más. Es una ley muy consensuada, en la que han opinado las asociaciones de todas las autonomías y sus gobiernos, señaló Soler.

Por último, la diputada destacó que el catálogo de servicios será de dos tipos: 1, de prevención y 2, de cuidado y atención. El primero, para colaborar en la mejora de la autonomía de las personas dependientes, con tele-asistencia, por ejemplo, pero también con ayudas técnicas (sistema ortopédicos, accesibilidad en el hogar...) y con ayudas para la adaptación del hogar. El segundo, basado en los Servicios de Ayuda a Domicilio, Centros de Día y Centros Residenciales.

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