Amnistía Internacional Grupo Local Villena pide a las autonomías y municipios impulsar medidas sobre derechos humanos
Las elecciones autonómicas y municipales del pasado 22 de mayo abren una nueva oportunidad para la defensa y protección de los derechos humanos en España. Casi siempre pensamos en la defensa de estos derechos como una responsabilidad de los gobiernos estatales o de la comunidad internacional. Sin embargo, los gobiernos, parlamentos autonómicos y ayuntamientos juegan también un papel fundamental, ya que cuentan con competencias en materias como la educación, la salud o la justicia, de enorme impacto en la vida de la gente.
En su Agenda de Derechos Humanos para Comunidades Autónomas y Ayuntamientos recién publicada, Amnistía Internacional (AI) pide impulsar medidas para luchar contra el racismo y la discriminación, para proteger a las mujeres de la violencia de género. También deben fortalecerse las garantías hacia los derechos económicos, sociales y culturales -como la vivienda-, así como asegurar que las fuerzas de seguridad de ámbito local y autonómico respetan plenamente los derechos humanos.
Amnistía Internacional ha denunciado en repetidas ocasiones que la xenofobia, el racismo y la discriminación continúan presentes en la sociedad española. Siguen sin existir datos oficiales que permitan registrar y analizar la magnitud de este fenómeno.
También en el ámbito de la vivienda hay responsabilidades muy concretas. El artículo 25 de la Declaración de los Derechos Humanos recoge el derecho a una vivienda, un derecho que se viola, por ejemplo, cuando se realiza un desalojo forzoso sin consultas y sin alternativas.
Como han dado a conocer las investigaciones de AI, en muchas ocasiones los menores internados en centros de protección terapéuticos, permanecen encerrados en celdas de aislamiento, son medicados sin la debida diligencia y son víctimas de abusos y malos tratos. Ante esta situación, y a pesar de las denuncias de Amnistía Internacional, el Gobierno español y los gobiernos autonómicos han hecho poco para mejorar la protección de sus derechos.
¿Y la educación? Las Comunidades Autónomas tienen transferidas las competencias en la enseñanza primaria y secundaria, para que la educación en derechos humanos esté realmente integrada en las aulas a estos niveles.
Por último, incluso fuera de España las administraciones autonómicas y locales deben contribuir al respeto de los derechos humanos, en el marco de sus relaciones exteriores, como a través de sus programas de cooperación al desarrollo. Esto se concreta en establecer medidas para asegurar que la ayuda al desarrollo esté siempre orientada a la protección efectiva de los derechos humanos.
Los gobiernos respectivos no pueden esconderse debajo de la alfombra. Si lo hacen, es el Estado español, en su conjunto, quien está violando las normas internacionales que en su momento se comprometió a respetar.
Quico Sánchez - Coordinador del grupo local Amnistía Internacional Villena
