Celia Lledó y la Secretario municipal declaran como imputadas por una denuncia de Juan Richart

La ex-alcaldesa Celia Lledó, y la Secretario municipal, Amparo Macián, declaran ante el juzgado como imputadas por un supuesto delito de contrataciones irregulares y falsedad documental en la adjudicación de algunas obras del Plan E, denunciado por Juan Richart, que ya había abandonado la disciplina del PP pasando a formar parte junto a sus compañeros del grupo de concejales No Adscritos.
En su demanda, Richart hacía referencia a una pregunta formulada a la Interventora municipal en una Junta de gobierno en febrero de 2009, referida a si se podían adjudicar directamente direcciones de obra de proyectos sufragados por el Plan E. Según el concejal, al mes siguiente la Interventora contestó que no se debían exceder los 18.000 euros, algo de lo que quedó constancia en el acta de Junta de Gobierno de la que Richart tiene una copia. No obstante, asegura que después se les entregó otra acta de la misma sesión –la responsable de su elaboración es la Secretario municipal– en la que se había suprimido dicha explicación.

Asimismo acusó a Lledó de haber adjudicado “a dedo” direcciones de obra por cantidades muy superiores al límite de los 18.000 euros, y además a técnicos contratados por ella también “a dedo”. Entre los proyectos aprobados en aquella Junta de Gobierno –que fue uno de los detonantes últimos de la ruptura del PP, pues los ediles llamados entonces “campistas” se negaron a aprobar algunos proyectos sin tener un conocimiento exhaustivo de los mismos– se encontraba la remodelación del Paseo Chapí, por un importe muy superior al de los 18.000 euros.

“En fase de instrucción”
Fuentes cercanas al Partido Popular han quitado hierro a esta situación, señalando que este proceso se encuentra “en fase de instrucción” y que la asistencia a declarar como imputadas permite a Lledó y Macián “hacerlo acompañadas de sus asistentes legales”. Ahora, señalaban estas fuentes a EPdV, “después de conocer estas declaraciones, el juez deberá decidir si observa indicios de delito y abre la causa oral o por el contrario archiva este caso”. No obstante, consideran que, “de haber algo, podría ser en todo caso una infracción administrativa, jamás una causa penal”.

Asimismo, se ha señalado que la denuncia por falsedad documental “afecta únicamente a la Secretario, que es la responsable de la elaboración de las actas”, mientras que “si se ponen en cuestión las adjudicaciones, estarán implicados todos los que votaron a favor de las mismas en Junta de Gobierno”. Por último, estas fuentes han recordado que los proyectos puestos en cuestión fueron propuestos para su aprobación “por el propio Juan Richart”.

Por su parte, José Joaquín Valiente, preguntado esta mañana en rueda de prensa, aseguraba escuetamente que “la única persona acusada formalmente en Villena es Juan Richart”.