Con el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que desestima el recurso interpuesto por el ayuntamiento de Villena en contra de un fallo anterior por el que se anulaba la adjudicación del servicio de agua potable y alcantarillado realizada durante la pasada legislatura, se cierra una puerta y se abren otras dos, una de las cuales no sabemos hasta dónde puede conducirnos.
Por un lado, a la nueva Corporación no le queda más remedio que realizar otro concurso de adjudicación del servicio, debiendo recabar un nuevo asesoramiento jurídico para evitar que esta situación vuelva a repetirse y quedando fuera del proceso la empresa que hasta ahora se beneficiaba de dicha contrata, con todas las implicaciones que ello pueda tener para sus efectivos laborales, trabajadores ajenos a toda polémica y que, lamentablemente, pueden ser los más perjudicados, ya que la continuidad de sus puestos de trabajo queda en el aire.
Por otro lado, queda la asunción de responsabilidades políticas por lo sucedido, una búsqueda de respuestas que la alcaldesa, Celia Lledó, ha anunciado de manera inminente apenas se ha tenido conocimiento de esta noticia. No obstante, Antonio García Ágredas el verdadero impulsor desde el primer momento de este pleito, en el que el tiempo le ha dado la razón en todos sus términos ha ido más allá, solicitando al equipo de gobierno que extienda la búsqueda de responsabilidades hasta los técnicos municipales que tomaron parte en esta adjudicación.
La sentencia, entre otras cosas, señala que la UTE adjudicataria modificó el canon de concesión inicialmente acordado [ ] valiéndose para ello de un innecesario e irregular trámite de confirmación de ofertas inventado por el Concejal de Aguas del Ayuntamiento de Villena Jesús Santamaría, cuando ya se conocían las ofertas de los demás licitadores por haberse producido anteriormente a la apertura de plicas [ ] en un momento tan extemporáneo como incorrecto.
Ante tal rotundidad, de poco sirve que el propio Santamaría se ampare en un acuerdo entre los técnicos municipales y los representantes políticos que tomaron parte en la mesa de contratación, ni tampoco que se recuerde que esta adjudicación fue apoyada por 16 concejales, entre ellos 5 del Partido Popular. Es totalmente necesario, por la propia salud democrática de nuestro ayuntamiento y para la salvaguarda de la confianza que los ciudadanos tienen depositada en sus representantes, que se investigue este asunto hasta las últimas consecuencias, que se haga con rigor y que se actúe con total transparencia hacia la ciudadanía, porque sólo así podrá eliminarse el más mínimo atisbo de duda.
