El ayuntamiento multiplica el coste para los ciudadanos del pleito con los funcionarios municipales por el complemento C-18

El ayuntamiento de Villena ha comenzado a perder una batería de procedimientos judiciales por la vía contencioso-administrativa referida al pago a numerosos trabajadores municipales del famoso complemento de destino C-18, un viejo pleito municipal que todavía sigue coleando.
Como recordarán, la justicia dio la razón a los funcionarios, señalando la última sentencia que tenían derecho a ocupar el nivel de complemento de productividad C-18 en lugar del C-17, que fue mantenido en 2007 por el equipo de gobierno tripartito, motivo por el cual el ayuntamiento, años después, fue condenado a asumir la diferencia salarial, pagando a los trabajadores el dinero que habían dejado de percibir durante estos años.

El problema es que el consistorio ha intentado hasta el último momento evitar ese pago, aunque finalmente tendrá que producirse, tal y como están confirmando las sentencias individuales que han comenzado a llegar, por lo que las fuentes sindicales consultadas han mostrado su satisfacción “como sindicatos, porque es un triunfo de los trabajadores, pero estamos cabreados como ciudadanos, porque el ayuntamiento podía haber actuado de otra forma, ahorrando dinero a los ciudadanos de Villena”.

Tal y como han explicado a EPdV fuentes de UGT, el problema radica en que los trabajadores han reclamado a título individual –12 demandas individuales y una colectiva que afecta a cuatro funcionarios–, 13 reclamaciones en total a las que hay que sumar las nuevas demandas que van a llegar ahora tras conocer estas sentencias positivas, pese a que desde el sindicato se ofreció a la asesoría jurídica del ayuntamiento “alcanzar un acuerdo para tratar todas las demandas como un solo juicio”, una propuesta que fue rechazada por los asesores legales externos del consistorio.

De resultas de lo cual, el ayuntamiento no “solo va a perder todas las demandas, sino que va a tener que hacer frente a las costas de todos los juicios en lugar de a las de uno solo”. Teniendo en cuenta que cada proceso tiene unas costas aproximadas de 200 euros, “el ayuntamiento podía haber pagado solo 200 euros por este proceso, pero ahora va a tener que pagar 200 euros de costas por cada uno de los, como mínimo, 13 juicios que ya hay, aunque habrá más”, apuntan las fuentes consultadas por EPdV.

Diferencias “de matiz”
Puestos al habla con el edil de Personal, Jesús Hernández, para conocer su valoración de este asunto, el concejal ha preferido no pronunciarse hasta tener la información completa sobre el caso, aunque señalaba que “nuestros asesores legales apostaron por los juicios individualizados al entender que no todos los trabajadores son iguales, puesto que hay fijos, interinos, eventuales, etc.”.