El PSOE pide más funcionarios y medios en el actual Juzgado, en lugar de un nuevo Palacio de Justicia

El Grupo Municipal Socialista solicitará al pleno que se reconsidera la cesión de terrenos a la Conselleria para construir un Palacio de Justicia en las afueras de Villena –detrás del Centro Sanitario Integrado–. Haciéndose eco de las quejas de abogados, procuradores y funcionarios del Partido Judicial de Villena, el PSOE propone que se dote con más medios materiales y una mayor plantilla de personal al actual edificio de Juzgados. Asimismo pide que se dialogue con profesionales afectados, representantes vecinales y colectivos sociales a fin de encontrar conjuntamente la solución que más beneficie a los intereses de la ciudad.
Su portavoz Carlos Beltrán hacía hincapié en que presentan esta moción al pleno “con ánimo constructivo”, pues no se oponen a que la Generalitat invierta en la ciudad y tampoco a la cesión de los terrenos. No obstante, recuerda que se abstuvieron en la votación porque el proyecto les generaba ciertas dudas, como la necesidad de invertir más de 7 millones de euros en un nuevo edificio, en lugar de ampliar y adaptar el ya existente a las necesidades, para racionalizar los recursos en estos momentos de crisis económica a la hora de invertir el dinero público. En este sentido recordaba que en la pasada legislatura el PSOE propuso a la Conselleria que se ampliase el actual juzgado con suelo municipal existente en su parte trasera y lo dotase de los medios humanos y técnicos que le faltan.

Ahora, atendiendo al malestar de los profesionales de la Justicia –que están en contra de que este servicio se traslade a la periferia–, los socialistas realizan tres propuestas para su aprobación en el pleno. Primero, que se reconsidera la cesión de terrenos aprobada en septiembre pasado, atendiendo las demandas de las personas más afectadas. Segundo, que desde el Ayuntamiento –e incluyendo a la oposición– se abra un proceso de participación ciudadana para conocer la postura de los profesionales afectados, representantes vecinales y colectivos sociales cuya opinión se considere importante. Y por último, que posteriormente se adopta conjuntamente el acuerdo que más favorezca los intereses generales y racionalice el gasto de la Administración en momentos de restricciones económicas.