Ésta que termina ha sido una semana repleta de noticias respecto al futuro de la plaza de toros, llamado a ser, junto con la problemática de las vías, el eje central de las propuestas electorales de los distintos partidos de cara a los ya inminentes comicios de mayo.
Por orden cronológico, habría que empezar hablando de la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea del anuncio del concurso de construcción del Centro de Ocio (trámite necesario al superar el proyecto los 30 millones de euros) y del hecho de que, al menos dos empresas, se han puesto en contacto con el ayuntamiento interesadas en obtener más información sobre el particular.
Para clarificar aún más la situación, se ha conocido la sentencia de la Audiencia Provincial sobre la querella presentada por Vicente Rodes y el resto de ediles del Partido Popular en contra de la declaración de ruina de la plaza, una querella que implicó a los integrantes del tripartito y a varios técnicos municipales y que ha sido desestimada. Además, la sentencia da la razón al equipo de gobierno al señalar que la plaza de toros carece de calificación administrativa (edificio singularmente protegido por su interés histórico, monumental, etc.), lo contrario de lo que afirmaba en su recurso el PP, lo que deja manos libres al tripartito para continuar desarrollando su proyecto.
Por último, hemos conocido el informe sobre la plaza elaborado por el Consell Valencià de Cultura a instancias de la Plataforma pro-restauración y el propio Partido Popular. En un dictamen que parece elaborado para contentar a todas las partes, se reconoce el valor arquitectónico y sentimental del edificio, dejando no obstante su futuro tal y como señala la doctrina de la Dirección General de Patrimonio de la Generalitat en manos del ayuntamiento.
Estos tres hechos, unidos a la validación por parte de la Conselleria de Territorio de la desafectación del subsuelo de la Avenida de la Constitución (de la que aún no tenemos constancia documental aunque ya se ha anunciado su existencia), vienen a dar la razón al equipo de gobierno en sus planteamientos, al menos en los referentes a la absoluta legalidad de su actuación, con lo que tienen vía libre para desarrollar su proyecto.
El problema, no obstante, es la falta de tiempo, ya que resultará prácticamente imposible adjudicar la obra antes del próximo 27 de mayo, con lo cual, y como no podía ser de otro modo, serán los ciudadanos de Villena quienes tengan la última palabra sobre el futuro del recinto.
