Esta semana reflexionaré con ustedes sobre el tema que sigue caliente y que de siempre ha tenido diversos puntos de vista, con sus correspondientes polémicas. Recuerdo, cuando estudiaba en la Facultad de Alicante, que ya por entonces el asunto desataba algunas pasiones, tanto de sus detractores como de sus benefactores. Un tema que en mi opinión ponía, y pone hoy en día, España a debate. El tema en cuestión, sobre el que les invito a reflexionar esta semana, no es otro más que el de la soberanía del estado.
Vamos a dejar claros algunos conceptos, antes de adentrarnos a debatir la cuestión. La soberanía nacional, o del estado español si se prefiere, casi inútil recordarlo, es la categoría central de la teoría clásica del estado, de nuestro estado. Me vienen a la cabeza pues, definiciones de soberanía, pero como la primera que formuló en 1576 Juan Bodino, ninguna nos deja las cosas tan despejadas con relación a este concepto, que lo calificó como summa potestas, que era el rango definitorio de la condición estatal con relación al pueblo, el soberano de la soberanía... Recordarles que el pensamiento político de este autor francés ha influido a lo largo de la historia de diferentes maneras, y ha influido en todos los órdenes políticos posteriores de numerosos estados, aunque el de más interés para nosotros los españoles es el que ejerció en nuestra Constitución de 1978.
Su influencia quedó reflejada en el artículo 1.2 La soberanía nacional reside en el pueblo, del que manan los poderes del Estado; y en el artículo 2. La constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía a las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.
Señores, la soberanía no es una doctrina especulativa, sobre la que se pueden formular hipótesis, sino que es producto de la realidad del pueblo. Soberanía, volviendo a los clásicos de política, según Juan Bodino, es la fuerza de cohesión, de unión de una comunidad política, sin la cual ésta se dislocaría. Deberíamos, aún hoy, volver a releer los conceptos sobre los que se basa nuestra arquitectura constitucional. Cualquier intentona separatista, venga de donde venga, sea del colectivo que sea, del partido que sea, y que haga suponer que para ello es necesario ceder una parte de la soberanía, es técnicamente inexacta, jurídicamente incorrecta y políticamente contraproducente.
El gobierno representa la soberanía, pero no es titular. Tampoco lo son el Congreso de los Diputados, ni los partidos políticos, ni los sectores, ni las clases sociales del país. Consecuentemente, aunque el gobierno quisiera, no podría ceder la soberanía a nadie, ni total, ni parcial, ni inteligente, ni torpemente, porque no tiene derecho a ceder lo que no es suyo, con aprobación del Congreso o sin ella, con oposición de otros partidos o apoyo de ellos. El único soberano es el pueblo. Pero que no se escape nadie, todo el pueblo. Todavía no he oído a ningún político de los partidos con representación en el Parlamento y Congreso de los Diputados recalcar esto, que le recuerde a quien juega con este concepto, como es la soberanía, que ésta es de todo el pueblo, y que si quieren consultar, que consulten a todo el pueblo, no solo a una pequeña parte de él. Y esto se debe a que a demasiados políticos de todos los ámbitos desde diputados, alcaldes y concejales se les olvida frecuentemente que el pueblo es la fuente suprema del derecho y del poder. Están colocados ahí por el pueblo, porque delegó su representación en ellos, pero no con carácter vitalicio y para hacer lo que les venga en gana a su libre albedrío. La soberanía en este caso, deben saber que no se puede dividir en dos, tres o cien partes. Tampoco se puede ceder a título oneroso o gratuito. No se puede vender, negociar, arrendar, obsequiar o transferir de alguna otra firma, a corto o a largo plazo.
Los políticos suelen ceder lo que sea, terrenos, derechos o posiciones políticas, acuerdos amistosos, cuando son constreñidos a ello, por razones internas o externas. Muchos ciudadanos lo vemos mal, a nivel estatal y municipal, de Estado o Ayuntamiento, pero lo que no pueden hacer es ceder soberanía. ¿Se imaginan ustedes que el alcalde de cualquier municipio cediese la soberanía de los habitantes de ese municipio o negociase con ella para presionar al estado o diferentes entes públicos, por ejemplo? La desafortunada petición sobre la cesión de soberanía debe ser expulsada del programa político nacionalista. A mi juicio, lo único que concita es la discusión estéril, inoportuna e innecesaria. Sobre todo, porque el concepto encierra no sólo complejas ideas políticas, sino también profundas emociones históricas, pero eso sí, sobre la base de las diferentes realidades sociales y hechos diferenciales. Mutilarlo es correr el riesgo de producir inútilmente sismos sociales de efectos y plazos impredecibles.
Hay que reconocer que los asuntos del pueblo son asuntos de Estado, pero les formulo la pregunta a la inversa a nuestros dirigentes, ¿y los asuntos de Estado son asuntos del pueblo?
Fdo. Luis Soria Navarro
