Hasta 8 empresas pretenden instalar plantas solares en las inmediaciones de Sierra Salinas

El concejal de Industria, Javier Martínez, ha salido al paso de la noticia difundida ayer por EPdV sobre el interés de una empresa por construir una planta solar en las inmediaciones de Sierra Salinas, terreno que cuenta con diferentes niveles de protección por su valor medioambiental y paisajístico.

Al respecto, el edil explicaba que “la Generalitat ha cambiado la normativa para favorecer la instalación de este tipo plantas para cumplir con los objetivos medioambientales de la Agenda 2030”. Por un lado, se está ampliando la capacidad de carga de las subestaciones eléctricas para inyectar en la red una mayor cantidad de energía generada por las nuevas plantas solares, y por otro “ya no es necesario que los ayuntamientos concedan una Declaración de Interés Comunitario para permitir su construcción en terrenos no urbanizables a cambio de cobrar un canon”.

En la práctica, ello ha supuesto que la subestación de Sax aumente su capacidad en 750 MW, lo que ha generado que “hasta 8 empresas diferentes consigan hacerse con esos derechos de generación de energía, por lo que entendemos que no tardarán en llegar las solicitudes de licencias de obras para construir nuevas plantas en la zona, que linda con el término de Villena, Santa Eulalia y parte de Sierra Salinas”. Hasta el momento, puntualizaba, “no se ha solicitado ninguna licencia, pero sí informes oficiales sobre la calificación del suelo en esa zona”.

En cualquier caso, matizaba, la nueva normativa solo permite la construcción en “suelo no urbanizable común no protegido”, es decir, que “quedarían al margen todos los espacios protegidos con figuras como LIC, ZEPA o demás”. En este sentido, “lo único que puede hacer el ayuntamiento, y los técnicos de Medio Ambiente ya están trabajando en ello, es realizar los informes necesarios para intentar ampliar los límites de protección paisajística donde sea posible, algo que finalmente tampoco está en nuestra mano, porque es la Generalitat quien decide en última instancia”, señalaba Martínez.

Por otro lado, y dado que los ayuntamientos van a salir perjudicados al perder la posibilidad de cobrar un canon por la concesión de la Declaración de Interés Comunitario, ya se está trabajando “en la modificación de la ordenanza fiscal para ampliar los impuestos que se cobran a estas empresas en concepto de licencia de obras”, decía Martínez. En este sentido, explicaba que “se están haciendo los cálculos para cuantificar el agravio económico que supone para las arcas municipales la pérdida de ese canon, y en función del cálculo se modificarán o eliminarán las bonificaciones existentes hasta ahora para estas licencias, a fin de que la merma en los ingresos sea lo menor posible”, concluía.