La alcaldesa afirma que el edificio Carmelitas no se ajusta al Plan General de Ordenación Urbana
Celia Lledó ha respondido a las acusaciones del PSOE respecto a las supuestas coacciones ejercidas por el Partido Popular sobre la empresa promotora del inmueble para que ésta firmase un convenio a fin de ceder al Ayuntamiento un local en los bajos del nuevo edificio. La primera edil ha asegurado que está muy satisfecha con la gestión realizada por su equipo de gobierno en el que fuera antiguo colegio de las hermanas Carmelitas. Según Lledó, el tripartito no modificó el PGOU para hacer que ese suelo pasase de un uso educacional a un uso residencial.
Lledó se confesaba muy tranquila con la labor del equipo de gobierno, porque lo único que se ha hecho es regularizar una situación que era irregular. Al respecto señalaba que la calificación urbanística del solar en el que antiguamente se situaba el colegio, es educativa y, según ella a día de hoy sigue siendo educativa, por lo que no se pueden construir viviendas. Sin embargo, el anterior equipo de gobierno dio la licencia de obras para edificar viviendas añadía a cambio de nada, porque no se transcribió ese aprovechamiento (que tenía la empresa) en beneficio del Ayuntamiento en ningún convenio.
Por el contrario el PP ha dicho a la empresa que al haberse beneficiado de una recalificación el consistorio tiene derecho a una contraprestación económica en base a ese beneficio. Y si ahora la mercantil se echa para atrás y lo quiere recurrir, el Ayuntamiento seguirá el procedimiento legal establecido, ya sea tratar el recurso presentado por la empresa en Junta de Gobierno o en Pleno. En cualquier caso hay que entender que quien compra un solar en el que sólo se puede edificar una pequeña parte el resto era colegio está obligado a pagar, insistía.
Para recalificar ese solar el gobierno tripartito no hizo ninguna modificación puntual del PGOU, que hubiera llevado anexo un convenio urbanístico, explicaba Lledó. Al contrario, en la redacción del Plan Especial del Casco Histórico se recalificó ese suelo como residencial, pero como éste todavía no está aprobado definitivamente, a fecha de hoy no se podría dar esa licencia de obras porque el suelo todavía es educativo, decía. Por tanto, según la alcaldesa, para conceder esa licencia el tripartito se basó en una recalificación futura, pues el Plan Especial aún no está vigente.
En esta situación cualquier ciudadano podría solicitar que con ese edificio se cumpla el PGOU, lo que podría suponer derribar parte del nuevo edificio. Nosotros intentamos paliar esa irregularidad firmando el convenio para que la empresa no tuviera que demoler lo construido en suelo educacional, manifestaba Lledó. Y cree que ahora el PSOE y Los Verdes deberían explicar por qué en su día dieron la licencia a una empresa privada sin recibir nada a cambio el consistorio.
Por último la alcaldesa hacía hincapié en que tanto ella por parte del Ayuntamiento como la empresa firmaron voluntariamente el convenio. No obstante, si ahora se arrepienten o la situación económica de la empresa ha cambiado hay vías legales para nosotros hacerlo valer y ellos intentar recurrirlo; en cualquier caso un convenio es un consenso de dos partes, no una imposición.
