Verdes

La Asamblea Verde de Villena, por la regeneración “constitucional” del Estado español

La decisión de abdicación del rey Don Juan Carlos y la pronta aprobación de una ley de sucesión sin que se favoreciera el derecho a decidir sobre el modelo de estado, ha propiciado un debate y confrontación sobre el apoyo a la monarquía o a la republica, que desde la Asamblea Verde consideramos que debe ampliarse a otros temas. Por ello ofrecemos esta reflexión.
Entendemos por “regeneración” la actualización del texto constitucional del Estado español a la luz de las demandas de amplios colectivos ciudadanos que desde distintas perspectivas vienen polemizando sobre los fines y estructura del Estado tal cual son establecidos en la Constitución de 1978. Creemos que la sociedad española está madura para iniciar un profundo proceso participativo en donde del diálogo ciudadano puedan surgir acuerdos fundamentales en la constitución del Estado.

Consideramos que la crisis económica, a pesar de la rotundidad y del drama humano que ha ocasionado, no ha sido capaz de alimentar un gran pacto político y social y fraguar un proyecto compartido para enfrentarla. Por otro lado, esta situación de crisis nos demuestra también que las fórmulas de cohesión territorial no han generado el consenso suficiente, y que los Estados carecen de una necesaria orientación “mundialista” para enfrentar asuntos supranacionales.

En este sentido creemos que hay debates abiertos y latentes en nuestra sociedad que deberían ser explícitamente planteados en un proceso deliberativo:

• Creemos que se debe acentuar y avanzar todavía más en los fines del Estado los rasgos propios de un Estado Social y de Derecho, garantizando por vía constitucional aquellos derechos sociales básicos que todos los ciudadanos y ciudadanas han de disfrutar, con especial atención a los colectivos más vulnerables. Derecho al trabajo, a la vivienda, a una renta mínima, a un ambiente sano…

• Pensamos que el sistema electoral y nuestro sistema bicameral deberían ser reformados para responder mejor al concepto de representatividad en el conjunto del Estado en la cámara alta y a la funcionalidad de la representatividad territorial en la cámara baja. En este sentido, creemos también que los y las españolas deben tener también la ocasión de debatir y decidir sobre la fórmula de elección de la jefatura del Estado y sobre los mecanismos de control, evaluación, ratificación, recusación... a lo largo del tiempo.

• Junto a la idea de representatividad de los partidos políticos, creemos que nuestro Estado debería abrirse a mecanismos participativos directos de los ciudadanos y ciudadanas que empoderaran al cuerpo civil frente a la propia administración del Estado y los diferentes aparatos de partido; y que tales procedimientos respondieran a una consigna constitucional sobre los derechos políticos fundamentales de la ciudadanía a la participación directa en los diversos niveles de gobierno (local, provincial, autonómico y estatal)

• El proceso de “mundialización” hace que no quepa limitar los fines del Estado sólo a su territorio y su ciudadanía. La lógica de la mundialización precisa un proyecto internacional colectivo y que tal ambición debe tener reflejo en los fines plasmados en la constitución del Estado. Querríamos proponer al debate que entre los fines del Estado Español figuraran consignas respecto al reto planetario del cambio climático y el resto de amenazas ambientales, la orientación hacia una “evolución socio-económica” armónica y promotora del respecto a los derechos humanos, el compromiso del respeto y promoción de una “justicia internacional” y la idea de solidaridad entre los Estados.

• Finalmente, valoramos el riesgo de “fractura” nacional por la gestión del caso “catalán” y “vasco”, que puede ser atajado desde un diálogo posible en el marco de esta regeneración constitucional propuesta, ofreciendo fórmulas que sean más sensibles al autogobierno a cambio de un sistema de garantías en la solidaridad entre los territorios.

Por todo lo anterior pedimos al gobierno de España que promueva un proceso participativo y de diálogo que permita abordar las líneas anteriormente propuestas de “regeneración” del Estado a partir de una nueva redacción del texto constitucional de 1978.

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