Pensar primero, actuar después. Un lema similar debería figurar grabado a fuego en todos los despachos del Muy Ilustre, porque por lo visto es costumbre de la casa actuar justo al revés, con las consecuencias previsibles: se suele fallar el tiro y luego toca improvisar para intentar deshacer el entuerto.
Hace unos días, sin ir más lejos, teníamos conocimiento por partida doble el alcalde y los concejales socialistas, por un lado, contando lo que estimaron conveniente, y el portavoz popular añadiendo lo que, a su juicio, se habían olvidado los primeros del informe elaborado por el arquitecto municipal sobre la polémica retirada de la arena de la plaza de toros y los usos posteriores que se le quieren dar al recinto.
Para servidor, y escrito está, la retirada de la arena y lo que los legítimos gobernantes de Villena los anteriores, los presentes y los que vengan en un futuro quieran hacer en la plaza no supone problema alguno, pero no deja de resultarme llamativo que haya tenido que ser a toro pasado, y a petición del PP, que podamos conocer el coste de la Operación Albero, y más aún en unas circunstancias como las actuales, cuando las arcas municipales no atraviesan su mejor momento, así como lo que habría que gastar para adaptar la plaza para un futurible uso deportivo, algo que se anunció aún antes de saber la inversión que supondría.
Lo lógico antes de acometer un proyecto o una inversión, aquí y en Pekín, es saber cuánto cuesta, y en función de nuestras necesidades, de las diferentes alternativas propuestas y de la disponibilidad presupuestaria y/o la capacidad de endeudamiento, actuar en consecuencia. Hacerlo al revés, que es lo que aquí ha sucedido, no parece muy de recibo, aunque aceptaremos como atenuante que la sucesión de eventos albergados por la plaza en aquel momento festival de corales, Artefiesta, concurso de coreografías, la Plaza de Navidad
obligaba a una rápida retirada de la arena para mejor desarrollo de los mismos.
Pero apenas unos días después, EPdV desvela lo del motocarro, y aquí sí que no hay atenuante que valga. Con buena intención, no lo dudo, se adquirió para prestar un servicio determinado, y una vez en posesión del ayuntamiento, rotulado y todo, nos damos cuenta de que no sirve para lo que se pretendía, en un nuevo ejemplo de actuación política contraria al modo de proceder del resto de los mortales, que cuando adquirimos un vehículo damos mil vueltas hasta encontrar aquel que, por prestaciones, dimensiones y precio, mejor se adapta a nuestras necesidades. Nuestro ayuntamiento, en cambio, primero lo compra. Y después se da cuenta de que no le sirve, planteando entonces una permuta que no es más que un mal parche para resolver un problema ocasionado por una gestión aún peor.
Ignoro a día de hoy cuánto ha costado la broma buceando por Internet he encontrado vehículos similares desde 600 (de segunda mano) hasta 17.000 euros (¡ni que fuera un coche!), pero desde luego no estaría de más que alguien diera alguna explicación convincente al respecto. Y también que el alcalde le pegara un buen tirón de orejas al responsable (o la responsable) del desaguisado.
