La Ley de Dependencia inició su andadura gradual el 1 de enero de 2007 con el objetivo de otorgar atención especial a las personas incapaces de valerse por sí mismas.
El informe realizado en el 2008 por el Observatorio para el desarrollo de la Ley de Promoción y Autonomía de las Personas en Situación de Dependencia, que así se llama la ley, pone de manifiesto que el gobierno autónomo de la Comunidad Valenciana optó por reclamar al Estado la financiación de plazas ya existentes en lugar de primar las nuevas solicitudes. De este modo consiguió financiar gran parte de los costes de la concertación con centros privados.
Sólo 230 solicitudes correspondían a nuevos expedientes, mientras que el resto era de personas que ya se encontraban ingresadas en residencias, a las que se les realizó la valoración de oficio.
Y continuaba diciendo el citado informe: Con las aportaciones recibidas en concepto de aplicación de la Ley de Dependencia, la Administración autonómica está ingresando un dinero extra por prestaciones que ya estaba realizando y financiando de su bolsillo. Puesto que no ha presentado nuevos expedientes no hay nuevos servicios que cubrir. Estos recursos permiten a la Consellería de Bienestar Social paliar su deuda contraída con los centros geriátricos, que se remonta al ejercicio 2.002. (Boletín.es 25-4-08)
Según un nuevo dictamen de 12 de diciembre de 2009 del Observatorio para el desarrollo de la Ley de la citada asociación, seis Comunidades suspenden en la aplicación de la Ley de Dependencia. A la cola están Canarias, Murcia, Madrid y cómo no la Comunidad Valenciana que se lleva el mayor suspenso con una valoración de 0,5 sobre 10 puntos; seguida de Baleares que obtiene un 3 y Extremadura, un 4.
Y mientras tanto el gobierno del Partido Popular con Francisco Camps a la cabeza lleva gastados 90 millones de euros en el circuito urbano de Fórmula 1 en Valencia. Aunque ahora dicen que esperan recuperarlos actuando sobre el urbanismo de la zona. Habrá que estar alerta con esto.
La Generalitat dice que Ley Dependencia ha creado 31.000 empleos en C.Valenciana En algo más de un año, un total de 5.000 personas se han dado de alta en el sistema de la Seguridad social como cuidadores no profesionales de personas dependientes, según fuentes de la Generalitat. EFE 22-01-2010.
Sin embargo, (continúa diciendo el mencionado dictamen) resulta preocupante que no llegue a 100.000 los cuidadores que se han dado de alta en el convenio especial de la Seguridad Social (36,6 % del total de cuidadores). Porque de ello puede deducirse que el resto son cuidadores que ya se encuentran en edad de jubilación, y que se ven obligados a responsabilizarse de los cuidados intensos que requiere la persona con la que conviven, o bien que se trata de personas que tienen un trabajo remunerado fuera de casa, con lo cual fácil es deducir que necesitarán del trabajo de un empleado (casi siempre de una empleada) diferente a quien figura como cuidador. De esta manera el Sistema puede estar permitiendo que se mantenga una bolsa de empleo sumergido o empleo de muy baja calidad, de más de 100.000 personas, de las que fácil es suponer que en su inmensa mayoría (por encima del 94 % según todos los estudios) son mujeres.
Resumiendo: mientras algunas comunidades aportaron en el pasado año 2009, 70 euros por habitante para el desarrollo de esta ley, el Gobierno autonómico del Partido Popular destinó únicamente19 euros. Como se ve claramente dependiendo de en que comunidad vivamos y sobre todo de quien gobierne se establecen unas prioridades u otras. Las del Partido Popular en nuestra Comunidad Valenciana ya sabemos cuales son ¿o no?
Mención aparte en este tema merecen las carencias o deficiencias de la Ley de Dependencia, por ejemplo en el apartado sobre la evaluación, la Ley menciona a las personas «con discapacidad intelectual o con enfermedad mental que necesiten apoyo y supervisión para la realización de tareas para su autonomía personal», pero sería necesario precisar las condiciones en que se realiza la valoración, pues si bien esto es bastante fácil para las incapacidades físicas, resulta discutible para las psíquicas, pudiendo existir discriminación indirecta para estos colectivos.
Y es que resulta evidente que la ley se pensó para las personas mayores dependientes, de hecho ni siquiera se recogía en un principio a las personas con enfermedad mental. Las organizaciones que trabajan con enfermos mentales (esquizofrenia, por ejemplo) y discapacitados intelectuales (síndrome de Down y otros) calculan que alrededor de un 20% de ellos se está quedando sin cobertura en la Ley de Dependencia, algo que también acreditan los trabajadores sociales que valoran a los dependientes en sus casas, aunque no se atreven a poner una cifra concreta.
Si el valorador no mide la dificultad cotidiana, el examen no será correcto ¿Qué va a ser de ellos cuando nosotros faltemos?, plantean los padres.
El baremo que mide la dificultad para desenvolverse cada día es minucioso, pero está pensado, sobre todo, para detectar la discapacidad física: si alguien es capaz de comer solo, bañarse sin ayuda, meterse o levantarse de la cama, salir a la calle o vestirse. Por eso, cuando los valoradores llegan a casa de un discapacitado psíquico para examinarlo pueden encontrarse con una persona de envidiables condiciones motoras que sacaría un 10 en el examen. Pero, a menos que el valorador tenga experiencia en enfermedad mental, ese test no revelará las necesidades del solicitante. Saben llevarse la cuchara a la boca, pero si alguien no está pendiente igual no comen en todo el día. Se visten solos, pero lo mismo se ponen un abrigo en verano que manga corta en diciembre. Pueden levantarse de la cama, pero no lo harán en todo el día si nadie les estimula. No se trata de lo que pueden hacer, sino de cómo lo hacen, dice el presidente de Feafes, José María Sánchez Monge.
Finalmente la ley reconoce también la dependencia a las personas menores de tres años de manera diferenciada de las mayores de tres, pero evidentemente esa dependencia está supeditada a lo que una criatura de esa edad es capaz de realizar en condiciones de normalidad.
Otra cuestión distinta es la atención a la primera infancia ya que ésta por su propia naturaleza, también es dependiente y necesita de una persona adulta que le acompañe en su crecimiento. Esta tarea, en circunstancias normales, casi siempre ha sido asumida por la madre, pero la crianza es responsabilidad de ambos progenitores y el Estado debe asegurar los medios para que la corresponsabilidad en las tareas de la crianza y el cuidado de menores y ancianos dependientes hagan posible la conciliación familiar y laboral. La Ley de Dependencia no debe ser más que una herramienta de trabajo de todo un conglomerado más amplio que forme el Estado de Bienestar.
