La Policía Local de nuestra ciudad celebró el lunes una Asamblea General para tratar la situación en que se encuentran laboralmente sus trabajadores. Desde que el nuevo equipo de gobierno tomó posesión del cargo, muchas han sido las reuniones que sindicatos policiales y responsables políticos han realizado con el fin de llegar a un acuerdo con este colectivo de funcionarios.
En la reunión, celebrada ayer lunes día 25 de febrero, se llegó a un acuerdo por el cual la Policía Local declaraba abierto el conflicto por el que se ha temido desde el comienzo de la legislatura. Los acuerdos que se tomaron en esta asamblea, entre otros, han sido:
1.- En primer lugar, dejar de realizar horas extraordinarias.
2.- Cumplimiento, estricto, del código de la circulación.
3.- Denunciar el contencioso por el que no se paga el célebre C/18 desde el 2004
4.- Denunciar los acuerdos plenarios que no se han publicado en el B.O.P., como el Convenio Marco de los funcionarios, el Reglamento de la Policía Local y el Convenio laboral.
Esto es sólo el comienzo
Según fuentes de los sindicatos de la Policía Local, éstas son las medidas aprobadas durante el día de ayer, pero no se descartan otras medidas de presión que se irán estudiando conforme se desarrollen los acontecimientos, sin descartar como último recurso medidas de presión tan fuertes como las que se realizaron hace unos años.
Por último, han querido dejar sentado, literalmente, que los culpables de esta situación son José Joaquín Valiente, edil de Personal y Hacienda, y Adela Serra, concejal de Policía y Seguridad Ciudadana, por mentir a los sindicatos representativos de la Policía.
Empiezan a llegar las multas
Apenas un día después de comenzar esta movilización, ya hemos podido comprobar cómo muchos vehículos aparcados en lugares donde habitualmente no se multa a nadie están siendo sancionados, al aplicarse de manera totalmente estricta la Ordenanza de Tráfico y las sanciones contempladas en ella. Una vez más, como ya sucediera hace algunos años, los ciudadanos serán los principales perjudicados de un conflicto que enfrenta a los trabajadores con la administración local.
