Los regantes dinamitan el trasvase Júcar-Vinalopó que quería imponer el Gobierno
Giro copernicano a cuatro días de las elecciones. La Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó dio ayer marcha atrás y se ha negado, finalmente, a firmar con el Ministerio de Agricultura el convenio para la explotación del trasvase que condenaba el proyecto mientras en el mismo no figure, negro sobre blanco, el agua para el abastecimiento urbano. Una posibilidad que, según apuntaron ayer fuentes de la Junta Central, sólo es posible desde la toma del agua en Cortes de Pallás, cuya finalización obliga a invertir 60 millones de euros.
Usuarios y regantes han formado una comisión de trabajo para seguir negociando. «Hay prisa porque sabemos lo que se juega la provincia, por lo que seguiremos negociando con el gobierno que salga de las urnas el domingo. Tenemos un compromiso con los agricultores, que lo están pasando muy mal, y por ello firmamos el protocolo pero también hay que incluir a los abastecimientos y sólo es posible desde Cortes de Pallás», aseveraron desde la Junta.
Las fuertes presiones internas y de los agentes más cercanos a la Junta Central han posibilitado este giro de los regantes que convierte en papel mojado el protocolo que firmaron hace dos semanas el presidente de la Junta, el villenense Andrés Martínez, la ministra Isabel García-Tejerina, y la presidenta de la Confederación del Júcar, María Ángeles Ureña. Un paso adelante a la desesperada de la Junta por el avance de la sequía, pero que tuvo consecuencias graves, tanto para el propio «lobby» por el agua de calidad que tiene como referente al catedrático Antonio Gil Olcina, como para el propio José Manuel García-Margallo, compañero en el consejo de la ministra García-Tejerina, y cabeza electoral del PP por la provincia de Alicante, que justo un día después de la firma del protocolo afirmaba que la defensa del agua era uno de sus ejes de la campaña. Desde ayer, los regantes se han plantado y las prisas han desaparecido.
El protocolo que hoy se ha quedado en nada y que hay que reformar «sin prisas» había excluido, en la práctica, a todos los municipios de la Marina Baixa (a los que hoy llega agua del Taibilla porque la planta de Mutxamel no está conectada con Benidorm), y a una zona de unas 300.000 personas en el Medio y Alto Vinalopó, donde no hay infraestructura para recibir agua desde la costa. Ese es ahora el argumento clave que sostienen los regantes para presionar al Ministerio, ya que, además de no cumplirse las condiciones sociales y ambientales del proyecto, tampoco saldrían las cuentas, porque los abastecimientos tienen que pagar más alto el precio del agua a fin de compensar la tarifa para el caudal de riego.
Autor: F. J. Benito
Fuente: Diario Información
